El decreto de la reforma judicial fue publicado este domingo en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), a pesar de una orden emitida por un Tribunal Colegiado que buscaba suspender su divulgación.
La reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entrará en vigor el martes 17 de septiembre.
Entre los aspectos más controversiales de esta enmienda se incluye la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de 2025. Los ciudadanos podrán votar en urnas para elegir a quienes conformarán el máximo tribunal del país, lo que marca un cambio significativo en el proceso de designación, históricamente controlado por el Ejecutivo y el Legislativo.
La reforma también introduce modificaciones sustanciales a la estructura del Poder Judicial. Las dos salas de la Suprema Corte, una dedicada a temas civiles y penales y otra a asuntos administrativos y laborales, serán eliminadas. Además, el Pleno de la SCJN se reducirá de 11 a nueve ministros, quienes ahora tendrán un mandato de 12 años, en lugar de los 15 que se establecían anteriormente.
El proceso de selección de los nuevos ministros también ha sido rediseñado. El Ejecutivo federal propondrá 10 candidatos, el Poder Judicial otros 10, y tanto el Senado como la Cámara de Diputados podrán proponer cinco candidatos cada uno. Los ministros actuales perderán su cargo el 1 de septiembre de 2025, cuando tomen posesión los nuevos integrantes electos por votación popular.
Los candidatos a ocupar un lugar en el máximo tribunal deberán cumplir con requisitos estrictos, incluyendo contar con un título de licenciatura en Derecho con una antigüedad mínima de 10 años y no haber ocupado cargos federales previamente. Además, los aspirantes podrán participar en debates y presentar sus propuestas en espacios de radio y televisión, pero no podrán recibir financiamiento público ni donaciones privadas para sus campañas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de organizar estas elecciones, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encargará de calificarlas. Asimismo, la reforma establece que todos los jueces federales deberán ajustar sus sueldos para que no superen el salario del presidente de la República.
