Por: Jorge Maldonado Díaz
Monterrey, NL. El Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón sufrió una nueva derrota, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la impugnación que el mandatario estatal había promovido al estar en contra de la creación y reglas del Sistema Anticorrupción de Nuevo León (SANL).
Al momento de discutir el tema y someter a votación este fue aprobaron con nueve votos contra uno.
Al concretarse esto, ahora el Comité de Selección será el que determine los perfiles y proponga al Congreso local los nombramientos de Fiscal General del Estado, fiscales especializados Anticorrupción y para Delitos Electorales, Auditor General del Estado y magistrado de Sala Especializada Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa.
Cabe destacar que, el Ejecutivo Estatal se había inconformado por esta situación al señalar que este Comité de Selección a nivel federal solo servía para proponer a los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El Ministro Alfredo Gutiérrez, autor del proyecto de sentencia señaló que el hecho de que el Ejecutivo no participe en nombramiento de fiscales especializados no afecta su régimen de competencia, pues Nuevo León actúa en el ámbito de su libertad de configuración.
“No hay impedimento en la Constitución o ley general para que el Estado de Nuevo León, en uso de sus facultades, otorgue diferentes competencias a este Comité, que trasciendan a otras esferas”, afirmó
Ante tal situación, los ministros determinaron que el SANL no invade atribuciones del Poder Ejecutivo.
En la queja, el ejecutivo estatal señalo que los legisladores ignoraron una iniciativa de reforma Constitucional que envió para la nueva regulación de lo que entonces aún era la Procuraduría General de Justicia.
Ante tal situación pidió que el Congreso tendrá que revisar esta iniciativa en su próximo período de sesiones porque la Carta Magna estatal obliga a los legisladores a dictaminar y dar respuesta a las propuestas del Ejecutivo.
Sin embargo, fueron claros al señalar que no por revisarla, los diputados están obligados a aprobarla.
En la resolución también se aprobó que la Secretaría Ejecutiva del SANL sea un órgano descentralizado, se avalaron también los procesos para aprobar las leyes del SANL y Orgánica de la Fiscalía General, en los cuales el Congreso tuvo las votaciones necesarias para superar los vetos que impuso el Gobernador.
De todo lo que impugno, Rodríguez Calderón, lo único que gano fue que las resoluciones del Comité Ciudadano sean vinculantes para los órganos del Estado, ya que esto rompe la división de Poderes, y la Constitución estatal no aclaró debidamente el alcance de esta norma.
