Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de otorgar «dientes» o herramientas a los municipios para obligar a que la Comisión Federal de Electricidad y las empresas de telecomunicaciones resuelvan el desorden que hay en todo el estado con respecto a postes en mal estado y cables mal colgados, la bancada de Movimiento Ciudadano hará modificaciones a la ley.
Los diputados del partido naranja señalaron que es necesario cambiar la ley para poder darles mantenimiento a la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones que representen un riesgo para la comunidad.
Entre las acciones inmediatas sugeridas por este Grupo Legislativo son Coordinación Metropolitana, la zonificación compatible con los usos de telecomunicaciones.
Así como, auditar las áreas de los gobiernos municipales responsables de la revisión y expedición de permisos para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones para efecto de multar, regularizar, dar mantenimiento, sustituir cableado, negar permisos que no estén acorde a la legislación actual.
Y lo más importante, el poder emitir o dictar medidas para evitar riesgo a los ciudadanos con el equipo en mal estado.
La propuesta la presentaron las diputadas Brenda Sánchez Castro, Tabita Ortiz Hernández, Iraís Reyes de la Torre y Sandra Pámanes Ortiz.
La Bancada Naranja presentó una iniciativa para reformar los artículos 3, 11 y 252 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.
Es aquí en donde se determinan las cargas urbanísticas, así como establecer las disposiciones, procedimientos, trámites y requisitos que compondrán el Ordenamiento para la Infraestructura y Equipamiento de Telecomunicaciones y sus Instalaciones Eléctricas o Equipo Complementario.
Todo esto será necesario para la construcción, uso, instalación, mantenimiento o reparación, desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones.
Las diputadas señalaron que no será necesaria la integración del Plan de Ordenamiento cuando, por motivos de seguridad, la dependencia de ordenamiento del territorio, con fundamento en el dictamen que le expida Protección Civil, determine que existe un riesgo en la integridad de los habitantes de la ciudad.
