Por: Jorge Maldonado Díaz
Ante la grave situación de abusos, maltratos y falta de condiciones básicas de seguridad en numerosos centros privados de rehabilitación de adicciones, la bancada Independiente del Congreso Local presentó una Iniciativa de Reforma a la Ley Estatal de Salud.
La diputada Rocío Maybe Montalvo Adame, dijo que esto se hace con la intención de crear un marco regulatorio estricto que garantice transparencia, seguridad y respeto a los derechos humanos en estos establecimientos.
Además de acabar con la opacidad y el riesgo que enfrentan miles de familias al internar a un ser querido, al obligar a todos los centros privados conocidos coloquialmente como “anexos” a registrarse, obtener autorización sanitaria y someterse a inspecciones periódicas.
La reforma establece por primera vez en la ley un Registro Público donde cualquier ciudadano podrá verificar si un centro está autorizado y conocer su historial.
“La desesperación de una familia no debe ser explotada en lugares clandestinos donde se violan derechos humanos básicos. Hemos visto tragedias, incendios, maltratos y hasta muertes en anexos que operan en la sombra. Es momento de que se garantice que la rehabilitación sea sinónimo de dignidad y seguridad, no de abuso e impunidad”, declaró.
La iniciativa responde a un vacío legal que ha permitido la proliferación de centros sin control, donde no se sabe cuántos hay ni cómo operan. La propuesta crea un Capítulo Especial dentro de la ley que clasifica los centros (profesionales, de ayuda mutua y mixtos), define los derechos de los pacientes y establece obligaciones claras para los operadores.
“Esta reforma se basa en tres pilares: transparencia total a través de un registro público que cualquiera va a poder consultar, supervisión estricta con al menos dos inspecciones sanitarias al año, y la protección absoluta de los derechos de las personas en tratamiento, prohibiendo castigos físicos, aislamiento indebido y cualquier trato cruel”.
“No estamos en contra de los centros de rehabilitación privados. Al contrario, queremos fortalecer a los que hacen bien las cosas y que ya no operen los que ponen en riesgo vidas. Una familia debe poder consultar, con el nombre y la dirección, si el lugar al que va a llevar a su hijo o su padre cumple con la ley”, afirmó.
Montalvo Adame recordó algunos casos trágicos en otros estados, como incendios en anexos clandestinos, que evidencian la urgencia de esta regulación.
“En Nuevo León también han ocurrido, y no podemos esperar a que otra tragedia suceda para actuar. Regularlos es prevenir abusos y salvar vidas”, sentenció.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso para que la reforma sea tratada “como una urgencia de salud pública y de derechos humanos, porque hablamos de personas en una situación de mucha vulnerabilidad que merecen recuperar su vida con apoyo profesional y en condiciones humanas.
