Por: Jorge Maldonado Díaz
Una iniciativa para reformar la Ley de Fomento de la Sociedad Civil Organizada del Estado, es la que presentó la bancada Independiente del Congreso Local para evitar discrecionalidad en el uso de recursos públicos destinados a las organizaciones civiles.
La diputada Rocío Montalvo Adame explicó que la propuesta busca corregir deficiencias en la legislación vigente, aprobada en 2022, donde según denuncias de distintos organismos, ha concentrado el poder de decisión en la Secretaría de Igualdad e Inclusión dando una percepción de una falta de transparencia.
“El gobierno estatal habla de su compromiso con la sociedad civil, pero mantiene un sistema que no es lo suficientemente transparente donde una sola secretaría decide quién recibe recursos, sin convocatorias o reglas de operación consensadas con las propias organizaciones y criterios poco alcanzables”.
“Esto no fomenta la participación de la sociedad civil, sino que genera rechazo y dudas porque se siente como un sistema de compadrazgos o amiguismos institucionalizado”, manifestó.
La reforma propone seis ejes que incluyen la desconcentración del poder de la Secretaría, la obligatoriedad de convocatorias públicas anuales, la elaboración participativa de reglas de operación y la designación de representantes ciudadanos mediante procesos abiertos convocados por el Congreso del Estado, similar a lo que se hace en otros organismos con representación de la sociedad civil, como la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad.
“Actualmente los recursos para organizaciones civiles se asignan en un proceso que ellas mismas consideran poco fiable, sin saber en su totalidad cuales son los criterios para que unos reciban y otros no. Con esta reforma, cada peso público tendrá que justificarse con transparencia y mediante convocatorias en la que todas las organizaciones puedan colaborar, participar y al final puedan consultar”, afirmó.
La reforma también establece que el Congreso del Estado será la autoridad competente para emitir la convocatoria para designar a los ciudadanos que integren el Consejo Técnico, órgano colegiado de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, fortaleciendo así el principio de división de poderes y buscando terminar con la discrecionalidad.
“Esta reforma más que algo técnico, es una cuestión de justicia democrática. Las organizaciones civiles merecen igualdad de condiciones para acceder a recursos públicos que provienen de los impuestos de todas y todos los ciudadanos, no depender de si son ‘amigos’ del funcionario en turno”, puntualizó.
