Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de garantizar certeza jurídica, orden y equidad en la relación entre los ciudadanos y las autoridades estatales y municipales, la bancada de Movimiento Ciudadano del Congreso Local presentó una Iniciativa de reforma a la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Nuevo León.
El diputado José Luis Garza Garza dijo que la propuesta cuenta con el respaldo de los principales organismos como CAINTRA, CANACO, COPARMEX, CMIC, CANACOPE y CANIRAC, quienes manifestaron su apoyo a esta propuesta que busca unificar criterios y procesos administrativos hoy dispersos en distintos ordenamientos legales.
“Hoy, en Nuevo León, cada dependencia, municipio y oficina pública opera con sus propias reglas. No hay principios ni plazos comunes, y eso genera caos, discrecionalidad y desconfianza. Esta Ley busca cambiar eso de raíz”, afirmó el diputado.
«Una ley que pueda generar justamente esa certidumbre que hoy nuestra economía y el Estado de Nuevo León necesitan urgentemente. La inversión está clamando por certidumbre, está clamando también por reglas claras y sobre todo por un procedimiento unificado que sea más fácil, más entendible para el ciudadano común,” expresó Vidal Garza Cantú, vicepresidente de COPARMEX Nuevo León.
Actualmente, Nuevo León es una de las pocas entidades del país que carecen de una legislación estatal que regule de forma integral los procedimientos administrativos, a diferencia de 27 estados que ya han adoptado marcos normativos similares, como Jalisco, Querétaro, Coahuila o Ciudad de México.
“Es ante todo un acto de responsabilidad cívica y legislativa. Esta primera Ley de Procedimientos Administrativos del Estado busca corregir ese desequilibrio y asegurar que todo acto administrativo respete los principios constitucionales,” afirmó Hugo César Sánchez, director de la CMIC Delegación Nuevo León.
“Empresarios, juristas, ciudadanos y servidores públicos coincidimos en que ya no basta con señalar el problema, es momento de asumir la responsabilidad de proponer y construir soluciones”, agregó.
Entre los principales beneficios que propone esta iniciativa de Ley se encuentran clausuras justificadas y reguladas, protección al trámite ciudadano, digitalización obligatoria, deberes claros para servidores públicos y defensa ante abusos administrativos.
El ciudadano podrá denunciar actos arbitrarios, negligencias o demoras ante la Contraloría estatal o municipal, que estará obligada a canalizar y dar seguimiento a la queja.
“Esta Ley no solo protege al ciudadano. También da certeza a la autoridad, le dice cómo debe actuar, qué plazos respetar y qué límites no puede cruzar. Es una herramienta para ordenar la administración pública. Y eso es gobernar con responsabilidad”, dijo el diputado.
