«No se considera viable las reformas a la industria eléctrica, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó elementos centrales de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la SENER; al señalar que se invaden competencias de la COFECE, se viola el derecho a la libre competencia y se da una ventaja indebida a la CFE. Elementos que retoma esta Iniciativa», se indica en el proyecto que circula entre los diputados y que mañana se pondrá discusión, por la Comisión de Economía.

El priista Fernando Galindo preside esa comisión, pero tiene mayoría de los legisladores de Morena, con 17 de 32 integrantes. La propuesta fue enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El predictamen destaca que afectará la competitividad del sector eléctrico, se violentarán Tratados Internacionales y se estará en contra de la Constitución Política Mexicana, afectando a los consumidores e inversionistas, ya que la energía costará más.

«No se consideran viables la reformas a la industria eléctrica, pues se violaría el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), en relación con que el Estado no debe dar un trato discriminatorio a inversionistas extranjeros y nacionales.

«Está prohibido que el Estado genere condiciones anticompetitivas para los inversionistas», se establece en la propuesta.

«De entrar en vigor la Iniciativa, habrá tarifas de suministro eléctrico más altas, que pagarán los consumidores».

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por Morena, se adelantó a dar una opinión a favor, pero fue antes del Parlamento Abierto que se llevó a cabo jueves y viernes de la semana pasada, donde la mayoría se manifestó contra la reforma.

Esa opinión favorable también se hizo sin haber escuchado a la Cofece ni la postura del Consejo Coordinador Empresarial.

Falta que la Comisión de Energía emita el dictamen con la reforma, pero debe tomar en cuenta tanto la opinión de la Comisión de Presupuesto como la de Economía.