Por: Jorge Maldonado Díaz
Para ampliar y garantizar la representación ciudadana en la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), máximo órgano de decisión en la materia, la bancada Independiente en el Congreso Local presentó una Iniciativa de Reforma a la Ley de Movilidad.
La diputad Rocío Montalvo Adame denunció que la composición actual de la Junta de Gobierno del IMA tiene un desbalance significativo hacia los intereses operativos y de gobierno, con una representación ciudadana insuficiente.
«La Junta del IMA toma decisiones que impactan directamente el bolsillo de millones de usuarios. Es inaceptable que en ese espacio haya solo 2 representantes de la gente frente a un mar de intereses gubernamentales y sectoriales», declaró.
Cabe destacar que desde el año 2020 la ley obliga a incluir representantes de la sociedad civil, estos puestos han permanecido vacantes por más de 50 meses debido a la falta de voluntad política para concluir los procesos de designación por parte del Congreso del Estado.
«Mientras las voces ciudadanas no han estado presentes, se han aprobado tarifazos disfrazados de desliz mensual que golpean la economía familiar. Es una burla a la democracia participativa», acusó.
La iniciativa propone una reforma integral al Artículo 27 de la Ley de Movilidad así como al artículo 50.
Los cambios clave incluyen incrementar de dos a cuatro el número de representantes de Colectivos y Organizaciones No Gubernamentales; añadir dos representantes de los usuarios del transporte público designados por convocatoria pública; y extender el periodo de estos representantes de uno a tres años, para evitar vacantes por omisión.
Adicionalmente, se busca que al terminar los 3 años del cargo honorífico y, en caso de que el Congreso no haya emitido la convocatoria para designar estos espacios dedicados a los usuarios, el plazo de los salientes sea prorrogado hasta que se designe a los nuevos.
La legisladora advirtió que la crisis de movilidad en la entidad, donde las personas pierden en promedio más de dos horas diarias en traslados, requiere de soluciones con perspectiva ciudadana. «Las decisiones técnicas, sin la opinión desde la experiencia vivida de las y los usuarios, están condenadas al fracaso. Esta reforma es un paso necesario para construir un sistema de transporte que sirva al pueblo de Nuevo León, no a intereses ajenos».
«La ciudadanía estará atenta. Ya no espera más diagnósticos ni simulaciones. Exige hechos. Es hora de que este Congreso se comporte como el aliado de la gente que debería ser y garantice su derecho a participar en las decisiones que más les afectan», concluyó.
