Por: Jorge Maldonado Díaz
Debido a que el despojo sigue siendo una amenaza al patrimonio familiar, la bancada del PRI en el Congreso Local propuso que se lleven a cabo mesas de trabajo para fortalecer el mecanismo de “Alerta Inmobiliaria o Catastral”.
El diputado Javier Caballero Gaona, señaló en tribuna que la certeza jurídica sobre la propiedad es un pilar esencial para la estabilidad económica y la confianza social.
Por tal motivo considero urgente implementar medidas que prevengan fraudes y despojos realizados mediante suplantación de identidad, falsificación de documentos o manipulación de registros públicos.
El legislador considero que las mesas permitirán identificar áreas de oportunidad, y establecer mecanismos para asegurar que toda persona propietaria de un bien inmueble pueda vigilar el patrimonio.
“El despojo de inmuebles no solo afecta el patrimonio de las familias, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger sus derechos de propiedad. Con esta propuesta, buscamos brindar herramientas tecnológicas y legales que permitan a los nuevoleoneses reaccionar a tiempo ante cualquier intento irregular sobre sus bienes”.
“Estoy planteando la realización de mesas de trabajo encabezadas por las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública y Legislación, con la participación de autoridades estatales y municipales, áreas catastrales, colegios de notarios, representantes del sector inmobiliario y especialistas en la materia”.
Caballero Gaona precisó que el objetivo de estos encuentros será analizar, debatir y formular propuestas que fortalezcan el sistema de alerta inmobiliaria, mecanismo mediante el cual los propietarios pueden recibir notificaciones inmediatas sobre cualquier movimiento o trámite relacionado con sus inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad o dependencias municipales competentes.
El Diputado destacó que este sistema preventivo representa una herramienta eficaz para detectar operaciones irregulares en tiempo real, contribuyendo así a evitar fraudes y transferencias ilícitas.
La correcta implementación de alertas catastrales, expresó, requiere una coordinación interinstitucional entre el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, las áreas de Catastro estatal y municipales, la Secretaría de Finanzas y Tesorería, y los notarios públicos.
“La problemática del despojo inmobiliario afecta de manera especial a adultos mayores, personas ausentes o que viven fuera del estado o del país, quienes, por desconocimiento o imposibilidad de seguimiento presencial de sus bienes, se vuelven más vulnerables a fraudes o apropiaciones indebidas”, finalizó.
