Por: Jorge Maldonado Díaz
Ante el adeudo que el Gobierno del Estado mantiene con cerca de 15 mil maestros jubilados de Nuevo León, la bancada del PRI en el Congreso Local solicito la liquidación de los pagos correspondientes a los años 2024 y 2025.
La diputada Lorena de la Garza Venecia aseveró que el monto acumulado asciende a casi mil millones de pesos.
Manifestó que las llamadas «diferencias» son los incrementos que, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben aplicarse a las pensiones de los jubilados cada vez que se aumentan los salarios de los maestros en activo.
La obligación deriva del Amparo en revisión 1382/94, resuelto por unanimidad en 1995, y se cumplió de forma ininterrumpida durante casi tres décadas.
«La defensa de los derechos de los maestros jubilados en Nuevo León no es reciente: se trata de una lucha prolongada que ha dejado huella en los tribunales», señaló la legisladora al presentar el Punto de Acuerdo.
El argumento central de su intervención fue una contradicción documentada en la postura del gobierno estatal. La administración ha sostenido públicamente que estos pagos nunca se realizaron, sin embargo, existe evidencia de que en noviembre de 2021, ya bajo el gobierno actual, sí se efectuó el pago correspondiente.
«Esto contradice la realidad, pues existe evidencia de que, al menos en noviembre de 2021, ya bajo el periodo del gobierno actual, sí se realizó el pago de dichas diferencias a los maestros jubilados».
La diputada también señaló el contraste entre las prioridades del gobierno: mientras el adeudo con los jubilados crece, el Estado ha destinado millones de pesos en campañas de publicidad para promover la imagen del gobernador y su gabinete.
«Esto no solo refleja una deuda económica, sino también una deuda moral con quienes formaron generaciones enteras de niñas, niños y jóvenes nuevoleoneses».
Mediante el Punto de Acuerdo, Lorena de la Garza exhortó al gobernador Samuel García Sepúlveda para que, a través del titular del ISSSTELEÓN, remita al Congreso un informe que precise el número de afectados, los montos desagregados por año, las causas del incumplimiento y un calendario para regularizar los pagos.
«Solo con datos completos y verificables será posible determinar la viabilidad de acciones legislativas, de fiscalización o de gestión que garanticen el pago de lo que legítimamente corresponde a los maestros jubilados», puntualizó.
