Por: Jorge Maldonado Díaz

Con la finalidad de dotar de personalidad jurídica a las áreas de Protección Civil y con ello abrir la posibilidad de acceder a recursos públicos, el Congreso del estado aprobó en primer vuelta reformas a la Ley de Gobierno Municipal.

Durante la sesión ordinaria de Pleno, se leyó la reforma elaborada por Roberto Farías, del PAN, al artículo 33 para establecer los criterios y lineamientos para la prestación, en su circunscripción territorial, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado y de la Ley de Gobierno Municipal.

De acceder a las modificaciones a la ley, los ayuntamientos tendrán la obligación y las facultades sentar las bases para que las autoridades reconozcan las direcciones de Protección Civil Municipales y les confieran las prerrogativas y recursos necesarios para realizar su labor.

Los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado; tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abastos; panteones; rastro; calles, parques, jardines y su equipamiento; Protección Civil”

“Es necesario que los Ayuntamientos garanticen la protección de sus gobernados ya que la moderna protección civil se concibe como un servicio público al que tiene derecho el ciudadano por ello es indispensable otorgar personalidad jurídica en la Ley de Gobierno Municipal del Estado para así sentar las bases para que las autoridades reconozcan y les confieren las prerrogativas y recursos necesarios para realizar su encargo de manera eficaz”, se establece en el dictamen aprobado.

El Diputado local del PAN, Daniel González, se manifestó en tribuna a favor de la reforma al argumentar que es de beneficio para toda la ciudadanía que en dado momento esté en peligro.

La protección civil es un conjunto de actividades que tiene como objetivo de proteger la integridad física de la población y s patrimonio, por ello es que se debe entender a la protección civil como un servicio público que se orienta al estudio y la prevención de las situaciones de grave riesgo colectivo”.

“La protección de la sociedad es una responsabilidad de las administraciones públicas y para ejercer esta protección es importante dotar de seguridad jurídica a las acciones y personal que en ello intervienen y concientizar a las administraciones municipales a integrar sus unidades a fin de establecer un sistema que responda a las necesidades que las situaciones de emergencia requieran, por ello debe haber medios materiales”, puntualizó.