Por: Jorge Maldonado Díaz
Para dar cumplimiento a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y fortalecer las garantías de legalidad y debido proceso en materia de responsabilidades administrativas, la bancada del PRI en el Congreso Local presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios.
El diputado Javier Caballero Gaona, resaltó que la propuesta surge a raíz de una controversia constitucional promovida por el municipio de San Pedro, mediante la cual se señala una omisión legislativa en el diseño actual de la Ley de Justicia Administrativa.
Para atender lo ordenado por el máximo tribunal del país, la iniciativa plantea que sea la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa la autoridad encargada de conocer y resolver los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas.
“Estoy presentando una iniciativa para cumplir con un mandato de la Suprema Corte de Justicia que nos ordena, a la Comisión de Justicia, que modifiquemos la Ley de Responsabilidades Administrativas para que las salas especializadas de los tribunales cuando haya alguna controversia la tenga que turnar al nivel superior”.
“Con esta reforma garantizamos una segunda instancia efectiva, fortalecemos la certeza jurídica y cumplimos con una resolución de la Suprema Corte que busca asegurar una justicia administrativa más imparcial y acorde con los principios constitucionales”, destacó el legislador.
La iniciativa presentada ante la Oficialía de Partes de Poder Legislativo contempla reformar las fracciones XVII y XVIII del artículo 18, así como las fracciones XIV y XV del artículo 196 y adiciona una fracción XIX al artículo 18; y se deroga la fracción XVI del artículo 196; todas las de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.
La propuesta contiene ajustes a las atribuciones de la Sala Superior y de la Sala Especializada para armonizar el marco normativo vigente y brindar mayor claridad en la distribución de competencias dentro del Tribunal de Justicia Administrativa.
“Es necesario fortalecer las instituciones, respetar el Estado de Derecho y la adecuación de la legislación estatal a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aseveró.
