Por: Jorge Maldonado Díaz
Para limitar el número de adjudicaciones directas que realiza el Gobierno Federal, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El diputado Eduardo Gaona Domínguez dijo que era necesario hacer estas modificaciones para que se transparente los procesos.
“Durante los últimos años hemos visto cómo la Federación ha utilizado en forma excesiva la adjudicación directa para realizar obra pública, adquisiciones o arrendamientos. Esto no es sano porque envía el mensaje de que las reglas son poco claras, además de que, como todos sabemos, se presta para prácticas sospechosas o corruptas”.
“Y no sólo es algo que los medios han señalado, también organismos como la OCDE y el Instituto Mexicano para la Competitividad han expresado su preocupación porque muchas de estas adjudicaciones se realizan de forma poco transparente y sin un proceso definido como podría ser si se realizara una licitación”, añadió.
Durante el ejercicio fiscal 2020 se celebraron numerosas adjudicaciones directas con la excusa de la contingencia sanitaria por el Covid-19, especialmente en el área de Salud; sin embargo, este sector no fue el único donde hubo un exceso de operaciones de este tipo.
“La adjudicación directa debe ser la excepción y no la regla, como actualmente el Gobierno Federal lo está haciendo”, dijo el legislador.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, Diconsa, empresa de participación estatal, realizó 91% de sus adjudicaciones de forma directa, contra sólo un 4% por licitación. En el caso de la Secretaría de la Función Pública, de cada 10 pesos del presupuesto, 8 fueron destinados a procesos de compra por adjudicación directa.
“Lo que busca esta reforma al Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados es reducir el límite de adjudicaciones directas del 30% a un 20% del presupuesto; y que solamente sea de un 35% cuando existan casos extraordinarios, como ocurrió con la pandemia”.
“Lo mismo ocurriría con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el objetivo es asegurar que existan candados para evitar que se elijan proveedores en forma discrecional, con todo lo que eso conlleva en términos de opacidad”.
“Hay que acabar con esta tendencia del Gobierno Federal que se presta para actos de corrupción”, declaró. Por tratarse de una reforma a nivel federal, el Congreso del Estado remitirá la iniciativa de la Bancada Naranja al Congreso de la Unión.
