Por: Jorge Maldonado Díaz
Nuevo León.- Con el objetivo de proteger a las familias neolonesas de los esquemas financieros ilegales conocidos como “gota a gota”, “préstamos colombianos” y “monta deudas”, la bancada de Movimiento Ciudadano del Congreso Local solicito a las autoridades campañas de orientación y prevención para que la ciudadanía no caiga en este tipo de fraudes o estafas.
El Diputado Mario Alberto Salinas Treviño señaló que estos mecanismos informales de crédito se han expandido alarmantemente en el estado.
Y lamentablemente está afectando principalmente a pequeños comerciantes, trabajadores informales y familias en situación de vulnerabilidad.
“Aunque se presentan como ayudas rápidas, en realidad son prácticas abusivas que terminan en extorsión, amenazas y pérdida del patrimonio”.
“Es momento de actuar con fuerza y prevenir que más personas caigan en estas redes de violencia y abuso financiero”, expresó.
Por tal motivo solicitó la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para que realice campañas de promoción sobre la cultura de la denuncia y refuerce las investigaciones y judicialización de estos casos.
Pidió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana diseñen e implementen campañas informativas para advertir a la ciudadanía sobre los riesgos de recurrir a préstamos informales o no regulados.
El legislador del partido naranja destacó que el crédito debe ser una herramienta para el desarrollo, no un instrumento de abuso y reiteró que muchas de las víctimas optan por el silencio debido al miedo o desconocimiento de sus derechos.
“En municipios como Juárez hemos recibido múltiples casos de personas afectadas por estos préstamos. Debemos proteger a quienes más lo necesitan y poner fin a los abusos de quienes se aprovechan de la necesidad ajena”, puntualizó.
Con este punto de acuerdo, el legislador busca impulsar una estrategia integral de prevención, sanción y atención a víctimas, así como fortalecer la coordinación entre autoridades estatales y federales para erradicar este tipo de prácticas.
