Por: Jorge Maldonado Díaz
El Congreso Local sufrió otra derrota jurídica luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaro improcedente el presunto conflicto de intereses en las que cayo la ministra Margarita Rios-Farjat al otorgar una suspensión a favor del Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco.
Esta funcionaria, el pasado 24 de diciembre Ríos-Farjat otorgó a Navarro una suspensión para que, en caso de que se emita una resolución definitiva en el juicio político que se le sigue por no publicar decretos, no se ejecute ninguno de sus efectos, y una más para impedir que el secretario pueda ser separado del cargo por un juez de control.
Por tal motivo, diputados del PRI y del PAN consideraron que si había un conflicto de intereses al señalar que esta laboro de 1991 al 2008 como abogada asociada en la firma Baker & Mckenzie, donde Navarro fue socio, por lo cual al someter a votación para interponer la queja contra la ministra.
Seis meses después, la SC considero en la resolución que Rios-Farjat no cometió ilegalidad alguna, por lo que consideraban improcedente la queja al considerar que sólo en caso de que los propios integrantes de la Corte consideren que hay alguna causa para excusarse lo pueden hacer.
“Sugiero que en asuntos de esta naturaleza se declare la improcedencia de estas propuestas o promociones de impedimento dejando solamente la posibilidad de que sean los propios ministros o ministras las que decidan en algún caso en particular y que por sus circunstancias consideren estar impedidos para conocer de esto”, explicó Aguilar.
“En este asunto en particular inclusive la señora ministra Ríos Farjat manifestó que no se consideraba impedida, lo cual señala claramente que mientras un ministro o ministra no sea él mismo el que promueva o genere la consideración de un posible impedimento no debe darse procedencia a tal asunto”.
Cabe destacar que a la ministra también fue señalada por los legisladores que la hermana de la ministra es empleada de Navarro en el Gobierno.
Esto fue considerado como un conflicto de interés y el Congreso promovió dos recursos, pero ninguno de ellos prosperó.
Durante la sesión, al someter a votación el dictamen presentado por el Ministro Luis María Aguilar, esta fue aprobada por unanimidad con 10 votos luego de que Ríos-Farjat se abstuviera.
