Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de armonizar las leyes secundarias del Estado de Nuevo León e incorporar como requisito expreso el no estar inscrito en el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado.
Sandra Pámanes Ortiz coordinadora de la fracción señaló que, ya establecido el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias, es importante fortalecer su marco jurídico para proteger los derechos alimentarios.
“Resulta impostergable avanzar hacia una legislación integral que, sin vulnerar derechos fundamentales ni generar cargas desproporcionadas, fortalezca el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y envíe un mensaje claro de compromiso institucional con la justicia, la igualdad y la protección de quienes dependen de estas prestaciones para su subsistencia”, explicó.
La iniciativa presentada ante el Pleno del Congreso es una reforma en la que se adicionan los artículos 9 Bis y 9 Bis 1 a la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León.
La modificación se suma a un paquete de reformas que se presentó anteriormente a la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León; la Ley que Regula la Expedición de Licencias; la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular; el Código Civil del Estado y la Ley del Notariado del Estado.
“La incorporación de este requisito (no estar inscrito en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios) va a la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León; así mismo, se suman otras leyes ya presentadas para dar certeza y fortalecer nuestro marco jurídico en el Estado”, detalló.
“(Las reformas) permitirán construir un marco normativo congruente de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
La inclusión del requisito de no estar inscrito en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios en leyes secundarias permitirá impulsar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias, al generar incentivos para regularizar la situación jurídica de las personas deudoras.
Así como la de fortalecer la ética pública, garantizando que cargos de responsabilidad sean ocupados por personas que cumplen su deber familiar.
Además de armonizar la legislación local con estándares nacionales e internacionales de protección de la niñez y a las familias.
Y por último aumentar la coordinación interinstitucional facilitando la consulta del registro como parte de los procedimientos administrativos estatales y municipales.
