Por: Jorge Maldonado Díaz
Por los presuntos delitos de Ejercicio Ilícito de Funciones y Abuso de Autoridad, derivados del uso de la fuerza pública para impedir una audiencia ciudadana pacífica, la bancada de Movimiento Ciudadano puso una denuncia en contra de funcionarios del municipio de San Nicolás.
El diputado Glen Villarreal Zambrano, dijo que la querella era ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción en contra del alcalde Daniel Carrillo Martínez, así como otros miembros de su gabinete.
De acuerdo con el legislador, los hechos ocurrieron cuando, por órdenes del alcalde, se desplegó un operativo con al menos 12 patrullas, cerca de 30 elementos armados y funcionarios de primer nivel, para amedrentar e impedir una reunión vecinal de carácter informativo con aproximadamente 15 a 20 ciudadanos en Parque Las Arboledas.
El legislador enecista sostuvo que dicha actuación no tenía sustento legal alguno y constituyó una violación directa al derecho constitucional de libre reunión y asociación.
Denunció además que policías municipales retiraron sillas, mesas y un toldo del lugar, trasladándolos en un vehículo sin identificación oficial y sin entregar recibo o constancia alguna, acciones que calificó como arbitrarias y realizadas bajo el amparo indebido del cargo público.
Señaló que estos hechos configuran ejercicio ilícito de funciones, al utilizar atribuciones que no corresponden a la autoridad municipal, así como abuso de autoridad, al emplear la intimidación policiaca contra ciudadanos.
Villarreal Zambrano subrayó que el uso de elementos entrenados para combatir a la delincuencia con el fin de cargar mobiliario y separar a vecinos de su representante popular refleja una distorsión grave del ejercicio del poder público, especialmente en un municipio que enfrenta problemas de inseguridad.
“No se trataba de un evento masivo ni de un acto partidista, sino de una audiencia ciudadana para escuchar y rendir cuentas”, enfatizó.
Finalmente, precisó que la denuncia no busca defender intereses personales o partidistas, sino proteger los derechos políticos y las garantías constitucionales de la ciudadanía de San Nicolás, al advertir que impedir reuniones pacíficas mediante la fuerza pública sienta un precedente peligroso para la vida democrática del estado.
