Por: Jorge Maldonado Diaz
La diputada Consuelo Gálvez Contreras hizo un llamado a las autoridades estatales a que finquen responsabilidades y se haga una indagatoria por Discriminación Múltiple o Agravada hacia la mujer luego que en un centro de rehabilitación en el municipio Escobedo al menos 20 mujeres eran maltratadas.
La legisladora resaltó que la discriminación agravada contra la mujer aplica en este caso debido a que es causada por cualquier restricción a sus derechos como privarles de comida, bebida, salud, espacio digno, comunicación, información sobre su salud, esto probablemente basado en su condición socioeconómica.
“Hago un llamado a la Fiscalía General del Estado a que investigue a fondo el caso aplicando la perspectiva de género y el concepto de Discriminación Agravada, contenido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia».
«Estas mujeres buscaron este lugar para iniciar un tratamiento de rehabilitación y reinserción a la sociedad, sin embargo nos dimos cuenta que este tipo de lugares operan sin supervisión permanente y sobre todo que se dan este tipo de delitos».
“Es preocupante lo que sucedió en Escobedo. Por esto también exhorto a la Secretaría de Salud a que brinde un informe del resultado de las investigaciones, ya que es parte de su competencia, pero que además se haga público el padrón de centros privados de adicciones que son autorizados para que la comunidad no caiga en engaños».
«También es necesario que se faciliten los mecanismos de denuncia en estos casos, porque los familiares muchas veces callan ante este maltrato. Debemos sensibilizar a la sociedad a la denuncia permanente”, destacó la legisladora.
De acuerdo al Artículo 73 Bis de la Ley Estatal de Salud, es la Secretaría de Salud Estatal la dependencia encargada de operar el registro de los centros estatales contra las adicciones, así como el de las instituciones privadas que presten estos servicios y de realizar inspecciones a las áreas físicas de los centros de tratamiento para verificar la implementación de los programas de tratamiento, supervisando la rehabilitación de los adictos.
También la Ley Estatal establece que si al inspeccionar estos centros se observa algún incumplimiento o que no brinden un trato digno y de respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentren en tratamiento, será la Secretaría de Salud quien manifieste las medidas de seguridad y sanciones a los encargados del lugar.
Galvez Contreras enfatizó en que también es importante que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pueda abrir un expediente sobre este caso y que se den visitas periódicas a estos centros de rehabilitación con la finalidad que se respete la calidad de trato en los pacientes.
