El llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue turnado este martes 17 de marzo de 2026 al Senado de la República, donde será analizado en medio de un calendario legislativo ajustado de cara al proceso electoral de 2027.
La propuesta contempla diversos cambios en materia político-electoral, entre los que destaca la modificación al mecanismo de revocación de mandato, con la intención de que este ejercicio pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno y coincidir con las elecciones intermedias de 2027. De acuerdo con el senador Ricardo Monreal, se descartó una propuesta adicional que planteaba permitir consultas populares en temas electorales.
Otro de los ejes del proyecto es la reducción en el número de integrantes de los ayuntamientos. La iniciativa establece topes de regidores con base en la población de cada municipio, así como la limitación a un solo síndico por demarcación, lo que, según sus promotores, busca hacer más eficientes los gobiernos locales.
En el ámbito legislativo, la reforma propone un límite al gasto de los congresos estatales, al establecer que no podrán destinar más del 0.7 por ciento del presupuesto anual de cada entidad. La medida pretende atender las diferencias en el costo operativo de las legislaturas locales.
Asimismo, el documento plantea ajustes en materia de austeridad, al reiterar que ningún funcionario de organismos electorales, como el Instituto Nacional Electoral (INE), podrá percibir un salario superior al de la titular del Ejecutivo federal. También se contempla la eliminación de prestaciones como bonos, seguros privados y esquemas especiales de ahorro.
El análisis de la iniciativa se da en un contexto de presión por los tiempos legislativos. La Constitución establece que no pueden realizarse modificaciones en materia electoral dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral, programado para septiembre de 2027, por lo que el Congreso deberá aprobar y publicar las reformas a más tardar en mayo.
Además, se prevé que el paquete de cambios se complemente con una reforma al Poder Judicial que sería discutida por separado, con el objetivo de ajustar el marco institucional rumbo a los próximos comicios.
