Florida, EE.UU.— Legisladores federales y estatales del estado de Florida expresaron su preocupación por las condiciones en el nuevo centro de detención de migrantes conocido como ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en un aeropuerto abandonado en la región de los Everglades, al oeste de Miami.
Tras una visita realizada esta semana, representantes demócratas informaron que al menos 750 migrantes se encuentran alojados en condiciones precarias, incluyendo hacinamiento en estructuras metálicas que describieron como “jaulas”, carpas improvisadas expuestas a altas temperaturas y niveles de humedad, así como problemas en el suministro de agua potable y alimentos.
“750 humanos en jaulas. No nos permitieron hablar con los detenidos. No caminamos por las áreas ocupadas. Hay inmigrantes sin antecedentes criminales”, declaró el senador estatal Carlos Guillermo Smith, tras recorrer las instalaciones.
El sitio fue abierto por el Gobierno de Florida la semana pasada y forma parte de un plan de detención migratoria impulsado por la administración del expresidente Donald Trump. Legisladores criticaron la iniciativa, calificándola como un “costoso truco publicitario y político”, con un gasto estimado cercano a 500 millones de dólares.
Durante el recorrido, la prensa no tuvo acceso al lugar. Sin embargo, medios locales han documentado previamente denuncias sobre las condiciones del centro, con testimonios de migrantes que relataron escasez de agua, calor extremo y alimentos en mal estado.
La congresista Debbie Wasserman Schultz afirmó que en algunos espacios habría hasta 32 personas por unidad, donde los sanitarios y áreas para consumo de agua no estarían claramente separados. “Están viviendo en jaulas. Las imágenes no le hacen justicia a lo que vimos”, señaló.
Por su parte, el congresista Darren Soto cuestionó la ubicación del centro, al considerar que la zona es propensa a inundaciones, especialmente en medio de la actual temporada de huracanes del Atlántico, lo que pondría en riesgo tanto a los migrantes como al personal que opera el lugar, incluyendo agentes federales y miembros de la Guardia Nacional de Florida.
Los legisladores instaron a establecer mecanismos de monitoreo independiente y constante en el centro, que proyecta una capacidad para hasta 5,000 personas detenidas. Además, cuestionaron recientes políticas migratorias de la administración Trump que, según afirman, han afectado a migrantes con estatus legal temporal provenientes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.
A las críticas se sumó la Arquidiócesis de Miami, que calificó de “corrosiva e inapropiada” la apertura del centro en una declaración pública.
Hasta el momento, las autoridades estatales y federales no han emitido una postura oficial detallada sobre las condiciones reportadas ni sobre las solicitudes de acceso por parte de organismos de derechos humanos o medios de comunicación.
