Por: Jorge Maldonado Díaz
La bancada del PAN del Congreso Local lamento que el Sistema Estatal Anticorrupción se haya judicializado.
Luis Susarrey Flores, presidente de la Comisión Anticorrupción dijo que lo único que están consiguiendo es retrasar la operatividad de este órgano encargado de vigilar y castigar la corrupción en Nuevo León.
Dijo que con el amparo otorgado a un ciudadano que se inconforme con el proceso para la elección del Comité de acompañamiento, todo el trabajo legislativo se retrasara hasta finales del 2022.
“El ciudadano esta judicializo el proceso, situación que solamente servirá para detener todo el trabajo y retrasar todo 10 meses más”.
“La audiencia inicial para ver si el Juez da una suspensión definitiva será en febrero del 2022, lo que significa que el asunto será retrasado para la próxima navidad”, argumento. El diputado calificó como un acto doloso en el que hay intereses por mantener estancado al SEA.
Puede ser que se retrase hasta 10 meses en una audiencia incidental que el juez está estimando para el mes de febrero del 2022, solamente para definir si se le otorga la suspensión definitiva, y suponiendo que si no se la dan lo puede recurrir otra vez”.
“Si le dan esta suspensión definitiva pudiera retrasar meses más para la sentencia, estaremos iniciando el comité de acompañamiento hasta mediados del 2022, lo cual me parece muy lamentable porque hay dolo, pues el quejoso ni siquiera se inscribe en el proceso para el tema del acompañamiento», refirió.
El legislador detalló que la persona ni siquiera acredita su interés jurídico, pues ni se registró para participar en el proceso de selección de los integrantes del Comité.
Aseveró que con la suspensión que se le dio, la Comisión no podía avanzar, pues las cosas no podrán moverse por lo menos hasta febrero, cuando se defina si se le da o no la suspensión definitiva.
“Esta medida cautelar, esta suspensión, es un golpe muy fuerte para el SEA, por eso interpreto que es un golpe dirigido con un interés político de paralizar el Sistema, porque la consecuencia es que esto (la conformación de los órganos del SEA) se retrase hasta 10 meses”.
“El tribunal no nos está diciendo que la convocatoria sea ilegal, está concediendo la suspensión provisional para efectos de que el Congreso detenga el proceso hasta en tanto ese órgano determine la constitucionalidad de lo que el quejoso está pidiendo”, sostuvo.
