La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha iniciado una investigación sobre su ex presidente, Arturo Zaldívar, así como otros funcionarios cercanos a él, por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos.
La denuncia, basada en una queja anónima, sugiere que Zaldívar habría manipulado la autonomía e independencia del sistema judicial para satisfacer intereses personales o de terceros.
El exministro es acusado de ejercer presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, su ex secretario general, ofreciendo beneficios políticos, económicos y adscripciones favorables, o recurriendo a extorsiones y amenazas.
La investigación también involucra a otros funcionarios, incluida Arely Gómez, ex procuradora general de la república, quien trabajó como contralora del Poder Judicial durante la gestión de Zaldívar.
Zaldívar ha denunciado que estas acusaciones tienen motivaciones políticas, sugiriendo que se trata de una «revancha» por parte de Norma Piña, actual presidenta de la SCJN, contra la Cuarta Transformación liderada por Andrés Manuel López Obrador, a la cual él está vinculado.
Además, ha expresado su preocupación por la violación del principio de presunción de inocencia y la secrecía de las investigaciones.
Estas revelaciones surgen después de controversias previas, incluida una declaración polémica de López Obrador sobre la intervención del Ejecutivo en casos de alto perfil durante el mandato de Zaldívar como presidente de la SCJN.
