Por: Jorge Maldonado Díaz
El Congreso Local investiga una posible usurpación de funciones en la designación del nuevo Director del Instituto de Defensoría de Oficio anunciado por el Secretario de Gobierno Jesús Navarro.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN aseveró que ya el jurídico del Poder Legislativo analiza el alcance de la denuncia y a quien el competería realizarla, al Poder Legislativo o al Judicial.
Lo anterior lo anuncio el líder de los diputados panistas, luego de que el pasado 18 de abril fuera nombrado por el Gobierno del Estado Héctor Viñegra Hernández como titular del Instituto.
Esto ocurrió, cuatro días después en que la Defensoría de Oficia fuera tomada por el Tribunal Superior de Justicia, destituyeran a Reynaldo Cantú y designaran a Luis García Alcántara como nuevo titular.
Esto a raíz de los ajustes que realizaron los legisladores a la Constitución para quitarle al Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda el control de esta dependencia y asignársela al Poder Judicial del Estado.
“Solamente hay una Defensoría de Oficio es la que tiene el Poder Judicial así lo marca la ley, hay que cumplir la Constitución, quizás al Gobierno del estado se le olvida que hay que cumplir y hacer valer la Constitución”.
“Hay una usurpación de funciones y es un delito penal, esta trabajando el área jurídica analizando los temas para ver el alcance de la denuncia, pero si es una usurpación de funciones por parte del ejecutivo”.
“Atribuido a la secretaría de Gobierno por ser quien nombro a un titular en la defensoría posteriormente a que el Tribunal Superior de Justicia tomo posesión de esta área”, manifestó.
El legislador panista dijo que será el departamento jurídico quien defina cual será el paso a seguir en torno a este asunto en donde actualmente hay dos defensorías de oficio.
“Hay un alcance por un delito de usurpación de funciones, desconozco quien deba hacer la denuncia, pero hay un delito de usurpación, los abogados están bajo este análisis”, aseveró.
El líder de los legisladores del PAN manifestó lo anterior luego de que el pasado fin de semana, el Secretario Generalde Gobierno, Javier Navarro Velasco calificara como un intento de asalto, la postura del Congreso Local al querer arrebatarle al Poder Ejecutivo el Instituto de Defensoría Pública.
Además de señalar que el Decreto 340, es irrespetuoso e ilegal a tal grado que los congresistas de la oposición pretenden que las leyes y reformas ellos las puedan publicar sin intervención del Gobernador
