La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará al Gobierno de Estados Unidos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el envío de pruebas, documentos y argumentos que sustenten la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Así lo informó Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, quien explicó que la institución requiere contar con información formal y verificable para emitir una postura institucional conforme a derecho.
“La Fiscalía enviará una comunicación a la Cancillería para que se solicite a la autoridad requirente todas las pruebas, informes y documentos necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad de la información”, señaló el funcionario en conferencia de prensa.
Jiménez Vázquez dejó en claro que, hasta el momento, no existen elementos que justifiquen una detención provisional contra Rocha Moya ni contra los demás implicados, como lo planteó el Departamento de Justicia estadounidense.
“En el pedimento no hay referencia, motivo o evidencia que permita apreciar la urgencia de una detención provisional”, subrayó.
Asimismo, puntualizó que tampoco se anexaron pruebas que acrediten la comisión de delitos que hagan impostergable la aplicación de medidas cautelares, por lo que el caso deberá analizarse bajo los procedimientos legales correspondientes en México.
La FGR indicó que ya se realizan investigaciones en territorio nacional para esclarecer los hechos, en apego al marco jurídico vigente y bajo los principios del Estado de derecho.
El señalamiento surge luego de que autoridades de Estados Unidos acusaran a Rocha Moya y a otros funcionarios —entre ellos mandos de seguridad y representantes populares— de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”.
De acuerdo con la acusación, los implicados habrían facilitado operaciones delictivas, incluyendo el traslado de drogas hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos.
Ante este escenario, la FGR reiteró que su actuación estará basada en pruebas y en el respeto a la soberanía nacional, enfatizando que cualquier determinación se tomará conforme a la ley y con sustento jurídico.
