Por: Jorge Maldonado Díaz
La bancada del PAN en el Congreso Local envió un exhorto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que investigue a “Asociados Home Depot, S.A. de C.V.” y “Home Depot México S. de R.L de C.V.” por presuntos hechos de corrupción en perjuicio del Poder Legislativo.
Lo anterior luego de que la empresa intervino ante el Tribunal de Justicia Administrativa para obstruir la publicación del decreto donde se crea la nueva Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, que sustituiría a la UIFE estatal.
“Punto de Acuerdo, en el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que en el ámbito de sus competencias realice investigaciones a “Asociados Home Depot, S.A. de C.V.” y a “Home Depot México S. de R.L de C.V.” como entes fiscalizables ya que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores por presuntos hechos de corrupción en perjuicio de este Poder Legislativo”, señala la petición.
En el escrito se precisa que en fecha 15 de junio de 2022, el Congreso del Estado aprobó en primera vuelta reformas al artículo 87 de la Constitución local para que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), sea un órgano autónomo cuya operación no dependa del ejecutivo estatal.
En el decreto expuesto por la Legisladora panista Lilia Olivares Castañeda ante la Diputación Permanente, se indica que en fecha 20 de junio de 2022, el representante legal de “Asociados Home Depot S.A. de C.V.” promovió juicio contencioso administrativo con expediente 1086/2022 en contra de diversas autoridades del Poder Ejecutivo del Estado.
En esta se señalan como actos impugnados la orden de publicar en el Periódico Oficial del Estado la reforma al artículo 2 fracción VII y adición de una fracción VI Bis 1, al artículo 10, así como de un capítulo VIII Bis, denominado -De la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera-, el cual contiene los artículos 33 bis y 33 bis 1, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León; así como la ejecución de ese acto, consistente en la inminente publicación de tales reformas aprobadas por el Congreso del Estado.
La Diputada albiazul Lilia Olivares subrayó que de dicha acción, el Tribunal de Justicia Administrativa concedió la suspensión de los actos impugnados, así como sus efectos y consecuencias, por lo que requirió “no se orden ni se publique en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León” las disposiciones aprobadas por el Congreso del Estado de Nuevo León, hasta en tanto no se concluya en definitiva el juicio de mérito.
“Lo cual contraviene el orden público e interés social; máxime que el acto legislativo no le ocasiona perjuicio alguno al particular, ni la publicación en primera ronda de una reforma constitucional, cuando se requieren dos rondas para que sea aprobada en definitiva”, añadió.
En la lectura del Punto de Acuerdo, Olivares Castañeda puntualizó que el cumplimiento a lo indebidamente ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa detiene cualquier proceso legislativo y sienta un precedente incorrecto para que se geste una parálisis legislativa y de gobierno.
