Por Alma De la Rosa Flores

Tras acreditar una detención arbitraria e ilegal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por hechos ocurridos el 24 de marzo de 2020 en el municipio de Allende, en Nuevo León.

De acuerdo con un comunicado del organismo, los policías estatales de Fuerza Civil entraron al domicilio de la víctima sin su consentimiento y sin presentar orden de cateo expedida por autoridad judicial

“Por la detención ilegal y arbitraria de una persona en el municipio de Allende, por parte de elementos de Fuerza Civil, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La CEDHNL notificó al secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci Zuazua”, dice el documento.

La dependencia de Derechos Humanos señala que la recomendación 05/2021 fue emitida derivado de una queja, la cual acreditó la vulneración del derecho a la libertad y seguridad personal, a la protección de la honra, por injerencias arbitrarias al domicilio, a la integridad personal, así como al principio de dignidad.

Luego del ingreso arbitrario, los uniformados subieron al afectado a la planta alta del domicilio, donde permanecieron por alrededor de 45 minutos, y le colocaron las esposas, posteriormente lo trasladaron en una patrulla al Centro de Denuncia Virtual Allende.

Ante la demora para la puesta a disposición ante el Ministerio Público, el documento recomienda a la autoridad darle continuidad al procedimiento administrativo iniciado contra los policías de Fuerza Civil, a fin de deslindar las responsabilidades administrativas y coadyuvar con la Fiscalía General de Justicia del Estado en la carpeta de investigación.

En la recomendación se enfatiza el requerimiento de capacitar a los elementos policiacos en materia de derechos humanos, sobre la detención de personas y sus derechos, así como girar un comunicado sobre la prohibición de llevar a cabo detenciones fuera de las normas y criterios nacionales e internacionales.

Además de, colaborar, en todo lo necesario, con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en la forma y términos previstos en la Ley de Víctimas del Estado