El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la imposición de nuevos aranceles de entre el 10 y el 12.5 por ciento a las importaciones provenientes de 60 países y economías, al argumentar que estas naciones han realizado “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”.
La medida entrará en vigor a la medianoche entre este jueves y viernes, justo antes de que expire el arancel global temporal del 10 por ciento impuesto previamente por Washington, intensificando así la política comercial de la administración estadounidense.
Uno de los primeros países en reaccionar fue Brasil, cuyo Gobierno acusó a Estados Unidos de utilizar el combate al trabajo forzoso como pretexto para justificar una política comercial proteccionista.
La administración de Luiz Inácio Lula da Silva señaló que Washington “optó por manipular un tema tan importante” para imponer un nuevo gravamen, luego de que esta semana ya aplicara un arancel adicional del 25 por ciento a productos brasileños por presuntas prácticas comerciales desleales.
De acuerdo con la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil), la carga arancelaria acumulada sobre las exportaciones brasileñas podría alcanzar el 37.5 por ciento.
En el caso de México, la Secretaría de Economía informó que el país evitó afectaciones mayores, ya que aproximadamente el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas continuará ingresando a Estados Unidos con arancel cero al cumplir con las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La dependencia explicó que el restante 15 por ciento de las exportaciones seguirá pagando un arancel del 10 por ciento, sin cambios respecto al esquema vigente, por lo que México mantiene su ventaja competitiva frente a otras economías incluidas en la medida.
Por su parte, el Gobierno de Chile manifestó su desacuerdo con la decisión y anunció que buscará negociar con Washington para quedar excluido de la lista de países afectados.
La Cancillería chilena aseguró que el país cuenta con una sólida institucionalidad laboral y que la medida no corresponde con la evidencia técnica y jurídica presentada durante la investigación estadounidense. Asimismo, representantes del sector agrícola advirtieron que los nuevos aranceles podrían afectar la competitividad de las exportaciones chilenas y generar incertidumbre para productores y trabajadores.
