Con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general las modificaciones a la Ley de Amparo, impulsadas por Morena y sus aliados, con el argumento de fortalecer, modernizar y armonizar el marco normativo del juicio de amparo.
La reforma fue respaldada por la mayoría oficialista, mientras que legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano advirtieron que las modificaciones representan un retroceso en materia de derechos y libertades.
Durante la sesión, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que se presentarán tres reservas para su discusión en lo particular: una al artículo 128, sobre suspensiones en amparos a terceros; otra al artículo 129, relacionada con la suspensión en casos de congelamiento de cuentas; y un artículo transitorio modificado respecto a lo aprobado previamente en el Senado.
Se prevé que durante la discusión en lo particular, que continuará durante la madrugada de este miércoles, se presenten 307 reservas y participen más de 120 oradores.
La iniciativa incorpora el concepto de “interés legítimo”, con el cual se reconoce que el amparo puede tener carácter individual o colectivo. Además, amplía de 60 a 90 días naturales el plazo para dictar sentencia, y de tres a cinco días el plazo para que el promovente exhiba la garantía necesaria para proceder con la suspensión en casos vinculados a procedimientos penales que afecten la libertad personal.
Desde la oposición, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, manifestó su rechazo al dictamen al considerar que representa un riesgo para el equilibrio de poderes y la protección de los derechos individuales.
“Están demoliendo la democracia mexicana, el sistema de contrapesos y la defensa de los individuos y las colectividades. Votaremos en contra porque esta reforma es inconstitucional y contraviene el artículo 1 de la Constitución”, señaló.
Por su parte, el coordinador del PAN, Elías Lixa, sostuvo que el amparo debe seguir siendo un instrumento en defensa de los ciudadanos y no del poder.
“El gobierno no tiene derechos, tiene obligaciones. Son los ciudadanos quienes poseen derechos, y el interés legítimo no puede subordinarse a un supuesto interés público”, enfatizó.
