Por: Jorge Maldonado Díaz
Luego de haber recurrido hace dos años a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interponer dos controversias en contra de los juicios políticos que enfrenta ante el Congreso Local, el Gobernador del Estado Samuel García Sepúlveda finalmente se desistió.
El mandatario estatal se entero de que los magistrados iban a sobreseer las controversias 249/2024 y 253/2022 para declarar improcedentes las demandas del ejecutivo estatal.
Hay que recordar que el mandatario estatal recurrió a esta instancia tratando de dejar sin efecto los juicios políticos que los diputados de oposición abrieron en su contra y también del Secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco.
Hay que destacar que de haberse sobreseído ambos proyectos se estaría validando todo el proceso de juicio político contra ambos funcionarios, que está frenado por la falta de votos de diputados (requiere de 28 sufragios para continuar).
Una vez enterados de la decisión tomada por el Gobernador Constitucional del estado de Nuevo León, se acordó que García Sepúlveda debería de ratificar el retiro de las controversias
“El tribunal pleno ha sostenido que el desistimiento de la demanda de controversia constitucional puede hacerse en cualquier etapa del procedimiento con las salvedades y condiciones respectivas”.
“Se ordena requerir a la promovente para que ratifique su desistimiento al momento de notificarle de manera personal este proveído, o bien, mediante videoconferencia que se realice en la fecha y hora que sea agendada; lo cual deberá realizarse ante la presencia de la persona funcionaria judicial dotada de fe pública encomendada para esa diligencia”, detalló el Máximo Tribunal.
El juicio político que diputados del PRI y el PAN le iniciaron al mandatario estatal fue por la negativa de publicar el decreto en donde la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) paso a formar parte de la Fiscalía General de Justicia y no del Gobierno Estatal.
El otro asunto que se le abrió a Javier Navarro Velasco, secretario General de Gobierno fue por la declaratoria de procedencia dictada por los legisladores y que ocasiono la inconformidad del funcionario estatal al señalar que era improcedente y ya había vencido de acuerdo con lo marcado en la ley.
Fuentes legislativas revelaron que el acuerdo entre los diputados y el gobernador es que el Ejecutivo estatal, a través de la Consejería Jurídica, entregue sus documentos con el desistimiento para que la Dirección Jurídica legislativa hiciera lo propio.
