Por: Jorge Maldonado Díaz

La lucha en los tribunales entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo continúa, solo que en esta ocasión fueron los diputados quienes no se vieron favorecidos con la resolución de la Suprema Corte.

Lo anterior al desechar una solicitud emitida por el Congreso Local quien pretendía una suspensión de amparo.

Luego de que el Gobernador Samuel García Sepúlveda no publicó los decretos avalados por el Congreso Local por parte del Ejecutivo en el Periódico Oficial

De acuerdo con la resolución el Poder Legislativo perdió el recurso al exceder el periodo que tenía para inconformarse a la primer negativa.

Si el escrito del Poder Legislativo se presentó hasta el día 10 de enero, resulta inconcuso que la interposición del recurso de reclamación es notoriamente extemporáneo», establece el acuerdo emitida por la Ministra Presidenta, Norma Lucía Piña.

Como se recordará, los diputados recurrieron a la controversia constitucional porque el mandatario estatal no publico 12 decretos que el pleno del Congreso aprobó,                                                                                                                                se trataba de reformas a la Ley Orgánica de Agua y Drenaje, de Metrorrey y del Instituto de Movilidad.

Aunque la Corte admitió la controversia, desde el primer momento negó una suspensión para obligar al Estado a publicar ya los decretos.

Ese acuerdo fue emitido el 23 de diciembre, y el Congreso tenía cinco días hábiles para inconformarse, pero lo hizo hasta el 10 de enero.

Esta es la segunda ocasión en que el poder legislativo obtiene un revés por parte de la Suprema Corte.

Apenas, el pasado martes, la misma Suprema Corte le negó al Gobernador Samuel García una suspensión provisional contra el juicio político que le inició el Congreso local por presuntas faltas graves a la Constitución al no presentar a tiempo el Presupuesto 2023.

Sin embargo, a los diputados se les ordenó abstenerse de votar el juicio, citarlo a comparecer o ejecutar medidas que tiendan a su destitución o inhabilitación temporal como Gobernador.