Por: Jorge Maldonado Díaz
Ante la serie de cuestionamientos en torno al desafuero en contra de Javier Navarro Velasco, secretario General de Gobierno, la presidenta de la Comisión Jurisdiccional, la Diputada Alhinna Vargas García, defendió la declaratoria de procedencia aprobada por el Congreso local al argumentar que actuaron conforme a la ley.
Dijo que aquellos que se han encargado de señalar el trabajo de los legisladores y cuestionado el proceso se debe a que no les gusto el resultado, pero les aclaró que “no son huevos al gusto”.
Y responsabilizo al Gobierno del Estado de cualquier acto de intimidación en contra de su familia o de ella.
“En el Congreso local no estamos facultados para prejuzgar sobre la procedencia de un presunto delito, ya que, esa facultad es exclusivamente para los órganos jurisdiccionales, lo único que nos compete es presumir la comisión de una conducta delictiva para poder declarar la procedencia”, aseveró.
La legisladora del PRI argumento que las pruebas de la omisión de los 58 decretos no publicados son contundentes.
Y la violación a la Constitución del estado por parte del funcionario estatal fue bastante notoria.
Por tal motivo, dijo que la votación del dictamen ante el pleno alcanzo la mayoría de votos, con lo que se cumplió un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, pese a las descalificaciones emitidas por diputados de otras bancadas y del propio Ejecutivo.
“No estamos aquí para servirle a cada quien, como coloquialmente se diría, no son huevos al gusto, tenemos que hacer las cosas como son”.
“Lo que a nosotros nos corresponde es al recibir una solicitud de parte de la Fiscalía Anticorrupción porque ellos quieren iniciar un proceso de investigación respecto a un servidor público, nuestra única función es autorizarlo si cumple con todos los requisitos, hay que darle para adelante y que la autoridad competente siga el caso”, aseveró.
Al condenar que las autoridades estatales hayan desalojado a la Fiscalía Anticorrupción de las instalaciones que ocupaba, Vargas García responsabilizó al Gobierno Estatal de cualquier acto de intimidación en su contra o de su familia.
“No puede ser que el mismo día y justo al mismo tiempo que el Poder Legislativo está dando para adelante a una solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, es burdo que al mismo tiempo y de forma simultánea estén desalojando a la Fiscalía de las instalaciones que tenía”, indicó.
“Por haber sido Presidenta en la Comisión donde aprobamos y defendimos el tema, porque vemos que se está actuando con legalidad, desde luego si algo le sucediera a mi familia o a mi persona, hago responsable al Gobierno del Estado”, puntualizó.
Recordó que el punto central del debate es la no publicación de decretos aprobados por el Congreso, ya que es una omisión que amerita sanciones, ya que los más afectados son los ciudadanos de Nuevo León.
“Ha incumplido con una obligación que tiene la Secretaría General de Gobierno y que está plasmada en la Constitución y el presunto delito aún persiste, no estamos hablando de que no haya publicado a los 20 días posteriores de la aprobación de cada uno de los decretos, estamos hablando de que todavía al día de hoy tenemos decretos de febrero, marzo, abril y de mayo que siguen sin publicarse”, recalcó.
