Washington, D.C.— En una decisión histórica, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump avanzar con su controversial plan para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento, al limitar el alcance de los mandatos judiciales que habían bloqueado la medida a nivel nacional.
Con una votación dividida y una mayoría conservadora de 6 a 3, el máximo tribunal del país resolvió que los jueces federales no pueden imponer medidas cautelares con alcance nacional, lo que da luz verde a la Casa Blanca para implementar la orden ejecutiva en los estados que no forman parte de la demanda.
El fallo no aborda directamente la legalidad ni la constitucionalidad del plan presidencial, pero representa un respaldo al Ejecutivo en la batalla judicial que ha enfrentado desde que Trump retomó la presidencia con una agenda migratoria aún más estricta.
“Gracias a esta decisión ahora podemos proceder con múltiples políticas que fueron sometidas a medidas cautelares… incluyendo poner fin a la ciudadanía por nacimiento”, declaró Trump desde la Casa Blanca tras conocer la resolución.
¿Qué implica el plan?
La orden ejecutiva, que aún puede ser impugnada en tribunales estatales, busca eliminar el principio conocido como “jus soli” —o derecho de suelo—, mediante el cual toda persona nacida en territorio estadounidense obtiene automáticamente la ciudadanía, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
El plan establece que solo tendrán derecho a la ciudadanía los hijos nacidos de al menos un padre que sea ciudadano o residente permanente legal (titular de “green card”). Quedarán excluidos los hijos de madres que se encuentren en EE.UU. de manera ilegal, temporal o bajo ciertos tipos de visa, si el padre tampoco tiene estatus legal permanente.
Críticas y respaldo
La decisión fue celebrada por sectores conservadores que respaldan el endurecimiento migratorio del gobierno, pero criticada por organizaciones de derechos civiles y expertos constitucionales, quienes señalan que la 14.ª Enmienda protege expresamente el derecho de ciudadanía por nacimiento.
La enmienda, ratificada en 1868, establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”. Esta disposición ha sido históricamente interpretada como una garantía amplia, con muy pocas excepciones, como el caso de hijos de diplomáticos.
“La ciudadanía por nacimiento no fue concebida para que la gente se tomara vacaciones y se convirtiera en ciudadana, trayendo consigo a sus familias y riéndose todo el tiempo de los ‘tontos’ que somos”, escribió Trump en su red Truth Social.
El fallo da al gobierno 30 días para comenzar la implementación formal de la orden, aunque la política sigue bloqueada en algunos estados, como New Hampshire, debido a litigios independientes que aún están en curso.
La administración Trump ha indicado que continuará con los trámites administrativos para hacer efectiva la nueva norma, mientras los tribunales analizan demandas pendientes que podrían frenar nuevamente su aplicación.
El caso marca un nuevo capítulo en el debate sobre la inmigración y los derechos constitucionales, y podría escalar nuevamente hasta la Corte Suprema si se presentan recursos contra la sustancia de la orden ejecutiva.
