Washington, D.C.- La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este viernes que el gobierno del presidente Donald Trump revoque el permiso de permanencia temporal conocido como parole a más de medio millón de migrantes originarios de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, quienes podrían enfrentar una expulsión acelerada del país.
Con esta decisión, el máximo tribunal dejó sin efecto una orden previa de un juez federal que frenaba la intención del Gobierno de terminar con los beneficios migratorios otorgados a 532 mil personas durante la administración de Joe Biden. Aunque el caso continuará su curso legal en tribunales inferiores, el fallo de la Corte autoriza al Ejecutivo a avanzar con su plan de anular el programa de manera inmediata.
El parole es una figura jurídica contemplada en la ley migratoria estadounidense que permite a extranjeros residir y trabajar en el país de forma temporal, por razones humanitarias urgentes o cuando se considera que su presencia representa un beneficio público significativo.
Durante su mandato, el presidente Biden implementó este mecanismo como parte de su estrategia para desalentar la migración irregular en la frontera sur del país. Sin embargo, al retomar el poder tras las elecciones de 2024, Trump firmó en su primer día un decreto ejecutivo para terminar con estos programas, argumentando que fomentaban la migración masiva y debilitaban el control fronterizo.
En marzo pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó el proceso de cancelación de los permisos, alegando que su eliminación facilitaría la colocación de migrantes en procedimientos de “expulsión acelerada”, una modalidad de deportación que no requiere juicio migratorio previo.
Incertidumbre para miles de familias
La resolución judicial representa un golpe para miles de familias que, al amparo del parole, habían encontrado estabilidad laboral y acceso a servicios básicos en Estados Unidos. Organizaciones civiles han expresado su preocupación por el impacto humanitario de la medida, que podría dejar a cientos de miles en situación de vulnerabilidad legal y social.
Por ahora, el futuro de estos migrantes permanece en vilo, a la espera de lo que determinen las instancias judiciales inferiores sobre la legalidad de la revocación del parole.
