Por: Jorge Maldonado Díaz
Tres iniciativas de reforma es la que presento la bancada del PAN en el Congreso Local para enfrentar los fraudes por parte de intermediarios financieros y empresas de compraventa a plazos, particularmente en la adquisición de vehículos y productos a crédito.
La diputada Claudia Caballero Chávez dijo que esto era indispensable ya que, en Nuevo León, es cada vez más frecuente que ciudadanos sean víctimas de abusos y fraudes de este tipo.
Por tal motivo propuso una adición al artículo 1851 Bis al Código Civil del Estado de Nuevo León, una segunda adición, pero al artículo 391 Bis al Código Penal del Estado de Nuevo León y la tercera adiciona a las fracciones XL y XLI, recorriendo la subsecuente, al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León.
“Estos intermediarios financieros cuentan con esquemas que engañan al consumidor mediante contratos opacos, costos inflados, penalizaciones desproporcionadas y condiciones no informadas previamente, aprovechándose de vacíos legales en el marco local”, detalló.
A pesar de lo anterior, la legisladora panista afirmó que estas problemáticas dependen casi exclusivamente de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos de carácter federal.
Ya que en la actualidad a organismos como la CONDUSEF y a la PROFECO, se les ha encomendado velar por el cumplimiento de esa normatividad.
“No obstante, en las entidades federativas, se carece de legislación estatal que cuente con mecanismos complementarios para prevenir y sancionar estos abusos. Lo cual ocasiona que los consumidores neoleoneses se encuentren en una situación de vulnerabilidad”, apuntó la legisladora panista.
Claudia Caballero subrayó que a las iniciativas presentadas tienen tres objetivos principales, el primero es la de incorporar al Código Civil del Estado reglas de transparencia obligatoria y nulidad de cláusulas abusivas en contratos de crédito y compraventa a plazos.
El segundo busca tipificar penalmente el fraude financiero agravado en el Código Penal Estatal, de 4 a 8 años de prisión, aplicable a quienes simulen contratos, impongan cláusulas ilegales u oculten información relevante para obtener un beneficio económico indebido.
Y, el tercero, dotar a la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de nuevas herramientas de inspección, registro e inhabilitación de empresas que reinciden en estas prácticas abusivas, esto lo hará mediante la creación del Registro Estatal de Proveedores de Crédito y Servicios Financieros.
