Por: Jorge Maldonado Díaz

Para permitir a los ciudadanos a estar más conectado con las autoridades para denunciar irregularidades, la Contraloría del Estado fortaleció los mecanismos de manera digital.

María Teresa Herrera Tello, titular de la dependencia señaló que con esta modalidad las peronas podrán enviar sus denuncias adjuntando pruebas como documentos, fotos, videos y audios, lo que fortalece la evidencia y mejora la calidad de las investigaciones.

La funcionaria estatal aseveró que todo aquel ciudadano interesado podrá ingresar a través del Portal Corrupnet.

Además, la línea 070 y el Programa de Denuncia Móvil han permitido ampliar el alcance, el primero al alcance de una llamada desde cualquier parte del Estado, y el segundo llevando unidades itinerantes de denuncia a los lugares donde más personas requieren servicios, como oficinas gubernamentales de alta demanda.

Se fortaleció la plataforma OpinaRed y se creó Nuevo León Incorruptible un sitio interactivo que orienta a la ciudadanía sobre cómo, a quién y qué puede denunciar.

Producto de estos esfuerzos en el último año, la Unidad Anticorrupción recibió 1,690 denuncias, de las cuales 1,469 fueron concluidas, encontrándose 221 en trámite.”

“Este avance es significativo porque recibimos la administración con un rezago cercano a 4,000 expedientes en trámite”, subrayó Herrera Tello.

En el último año, la Contraloría y Transparencia Gubernamental dio un paso decisivo hacia la modernización, al implementar por primera vez, dos plataformas digitales que marcan un parteaguas en la forma de auditar, investigar y dar seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa.

El Sistema de Control de Auditorías (SCA) permite una interoperabilidad entre los entes auditados y las instancias auditoras, lo que evita duplicar esfuerzos y optimiza los recursos.

Por su parte, el Sistema de Administración de Expedientes (SAE) ofrece una herramienta innovadora que transforma la manera en que los ciudadanos pueden interactuar con el gobierno

A cuatro años de Gobierno, se han impuesto más de 1,165 sanciones por faltas administrativas no graves a servidores públicos, que van desde amonestaciones hasta suspensiones e inhabilitaciones.

Por otro lado, la fiscalización ha sido una de las principales herramientas para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y transparente, en el último año, se realizaron más de 316 auditorías, que resultaron en más de 1,000 observaciones.