Por: Jorge Maldonado Díaz
El pleno del Congreso Local aprobó por unanimidad cambios en la Ley de Seguridad Publica con el objetivo de eliminar prácticas consideradas discriminatorias en el ingreso a corporaciones como Fuerza Civil y la Fuerza Penitenciaria.
Con estos cambios se impide negar el acceso, permanencia o promoción dentro de la carrera policial únicamente a las personas por portar tatuajes o perforaciones.
Además de eliminar requisitos de estatura para quienes aspiren a integrarse a estas instituciones.
La única restricción aplicará cuando los tatuajes contengan símbolos relacionados con discursos de odio.
Lo anterior será posible debido a los cambios que sufrió el artículo 29 BIS a la Ley de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil.
La Diputada Bertha Alicia Garza, presentó en tribuna el dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, en el que se señala que todas las autoridades tienen la obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos, en especial el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Asimismo, señala que dicha ley prohíbe cualquier forma de discriminación y considera como actos discriminatorios aquellos que limiten o menoscaben el ejercicio de derechos por motivos personales, incluyendo la apariencia física.
“La libertad de expresión puede manifestarse a través de tatuajes, siempre que no constituyan discursos de odio o símbolos que promuevan violencia o discriminación, ya que solo en esos casos podrían justificarse restricciones”, aseguró la Legisladora.
Con esta reforma no podrá negarse el ingreso, profesionalización, permanencia o promoción en la carrera policial, por la única razón de que el aspirante porte tatuajes o perforaciones.
La iniciativa fue impulsada originalmente por la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes y posteriormente modificada por la legisladora local emecista, Sandra Pámanes.
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el protocolo que deben de seguir los cuerpos policiales ante casos de intento de suicidio.
En el dictamen, que presentó en Tribuna la Diputada Claudia Caballero, se reforma el Artículo 18 y 19, y se adicionan los Artículos 23 Bis y 23 Bis 1 de la Ley de Seguridad Pública del Estado.
“En Nuevo León, los intentos de suicidio y las crisis psicológicas son una emergencia creciente, y en la mayoría de los casos la primera autoridad que llega es la policía municipal, que muchas veces no cuenta con protocolos ni capacitación especializada para atender estas situaciones”, expuso el diputado Miguel Lechuga.
