Por: Jorge Maldonado Díaz
La confrontación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo siguen subiendo de tono, luego de que este martes por mayoría, el Congreso Local aprobó la presentación de denuncias en contra del Gobernador del Estado Samuel García Sepúlveda y quienes resulten responsables por no publicar 19 decretos aprobados en el pleno.
Al momento en que Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN solicito la votación para que se avalara la petición, legisladores del PAN, PRI y Morena votaron a favor consiguiendo un total de 27 votos contra 12 abstenciones
El líder de los legisladores panistas dijo que las faltas administrativas eran graves, ya que el ejecutivo estatal incluso cayo en desacató.
“La Septuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León acuerda facultar a la Presidencia de este Poder Legislativo para que, en representación del Congreso del Estado, presente ante las autoridades competentes las denuncias que correspondan respecto de la omisión de publicar diversos decretos aprobados por esta Soberanía, por hechos que pudieran constituir faltas administrativas graves o cualquier otra conducta sancionable conforme al marco jurídico aplicable”.
El Punto de Acuerdo indica que la denuncia deberá solicitar a la Contraloría y Transparencia Gubernamental que investigue, entre otras posibles conductas, la eventual actualización de las faltas administrativas graves de abuso de funciones y desacato previstas en los artículos 57 y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.
En este caso, las querellas serían en contra de Samuel García Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, y de Javier Navarro Velasco, ex Secretario de Gobierno del Estado de Nuevo León, así como de los servidores públicos que resulten responsables.
Carlos de la Fuente enfatizó que la Constitución establece mecanismos para sancionar incumplimientos de los servidores públicos.
“Por esa razón, la Constitución establece mecanismos de control y la legislación prevé procedimientos para investigar e imponer sanciones cuando los servidores públicos incumplen las funciones que les han sido encomendadas”.
“Por ello, frente a la existencia de 19 decretos pendientes de publicación, frente a la posible afectación al servicio público derivada de dicha omisión y frente a la obligación constitucional de salvaguardar la legalidad y el correcto funcionamiento de las instituciones, resulta procedente facultar a la Presidencia del Congreso del Estado para que, en representación de esta Soberanía, promueva las denuncias correspondientes y solicite la investigación de los hechos aquí descritos”, detalló.
De la Fuente Flores dijo que las autoridades competentes deben determinar la posible actualización de las faltas administrativas graves previstas en los Artículos 57 y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.
Así como cualquier otra responsabilidad que pudiera derivarse de la omisión reiterada de publicar los decretos aprobados por el Congreso del Estado.
