Por: Jorge Maldonado Díaz
Por unanimidad, el pleno del Congreso Local aprobó en primera vuelta reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces y magistrados inscritos en el Registro de Obligaciones Alimentarias no puedan seguir en el cargo o no puedan aspirar a esos puestos.
Lo anterior se logró gracias a las modificaciones a los artículos 32, 50 y 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esto basado en cuatro iniciativas planteadas por Sandra Pámanes y Marisol González, de Movimiento Ciudadano; Perla Villarreal, del PRD, e Itzel Castillo, del PAN.
Los cambios a la ley se realizaron de acuerdo con los diputados para que los juzgadores pongan el ejemplo y no sean deudores alimentarios.
“Los jueces de primera instancia serán designados por el Pleno del Consejo de la Judicatura, considerando la opinión del Tribunal Superior de Justicia, siempre y cuando no estén inscritos en el Registro de Obligaciones Alimentarias, o en caso de aparecer, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimentarios», se establece en el artículo 32”.
Lo anterior se hace con esto lo único que se busca es la de garantizar loa derechos de los menores de edad.
“Hay quienes evaden su responsabilidad y, peor aún, lo hacen sin consecuencias reales, por eso, fortalecer el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias no es persecución, es justicia».
“No es exceso, es responsabilidad; pero además, esta reforma va más allá y dice algo que muchos no se han atrevido a decir con claridad: quien no cumple con sus propios hijos, no puede aspirar a impartir justicia”.
La diputada Sandra Pámanes Ortiz, dijo que sin duda alguna esto fortalece en todos los sentidos la ética pública.
“Es una medida que fortalece la ética pública y que establece un estándar mínimo de congruencia para quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia. Esta reforma es equilibrada ya que no estamos excluyendo a nadie, todo lo contrario, estamos permitiendo que quien haya incumplido pueda regularizar su situación y entonces acceder a estos cargos. Se privilegia la responsabilidad, no la sanción”, expuso.
Perla Villarreal, coordinadora del PRD, refirió que las denuncias por incumplimiento de pensiones alimenticias continúan creciendo.
“No es una medida punitiva, es una medida preventiva, garantista y congruente que busca fortalecer la responsabilidad social y la confianza ciudadana en las instituciones”, dijo.
