Por: Jorge Maldonado Díaz
Porque muchos han quedado rezagados y algunos municipios carecen de uno, el pleno del Congreso Local aprobó reformas a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado para que todos los municipios cuenten con un atlas de riesgo actualizado.
Como parte de la propuesta se estableció que estos deberán de ser actualizado en el área metropolitana cada seis años, mientras que para los rurales serian nueve años.
El diputado Miguel García Lechuga presidente de la Comisión de Infraestructura dijo que esta información es de vital importancia pues con ellos se evitan tragedias durante la llegada de fenómenos naturales a la ciudad.
“Atendemos un reclamo constante: la reparación inmediata de coladeras y registros abiertos que ponen en riesgo a peatones y automovilistas, exigiendo además materiales duraderos. Ampliamos la obligación del alumbrado público, una medida fundamental para la seguridad vial y personal en nuestras calles”.
“Además de que con estas acciones combatimos la ilegalidad y protegemos el patrimonio de las familias. Se sancionará con firmeza a quienes lucren vendiendo desarrollos inmobiliarios sin las autorizaciones correspondientes. Brindamos certeza jurídica a los compradores y cerramos la puerta a fraudes que tanto daño han causado”, agregó.
Brenda Velázquez Valdez, diputada local de Morena, destacó la importancia para la ciudadanía de tener este tipo de información y las autoridades estas herramientas.
“Los atlas de riesgo son instrumentos técnicos esenciales que permiten identificar, clasificar y delimitar las zonas de peligro, facilitando la toma de decisiones informadas y responsables en materia de desarrollo urbano y gestión del territorio. Es alarmante constatar que muchos municipios del estado carecen de atlas de riesgo vigentes, o bien, ni siquiera han iniciado su elaboración”.
“Este vacío normativo y técnico ha derivado, lamentablemente, en tragedias evitables, como lo evidenció la tormenta tropical Alberto, que cobró vidas humanas y causó severos daños materiales. No podemos permitir que esta situación se repita”.
“La actualización periódica, cada tres años, de los atlas de riesgo —como lo dispone esta reforma— no es un mero trámite administrativo; es una obligación que tiene el propósito de proteger la vida, el patrimonio y la seguridad de nuestras comunidades”.
“Esta disposición también fortalece la congruencia entre los planes estatales y municipales, promoviendo una política pública de prevención con base científica, transparente y accesible. En esa virtud resulta necesario que refrendemos nuestro compromiso con un desarrollo urbano ordenado, sustentable y resiliente”, finalizó.
