Por: Jorge Maldonado Díaz
Luego de llevar a cabo mesas de discusión las reformas contra la crueldad animal, el despojo y el grooming avanzaron en comisiones y podrían ser aprobadas la próxima semana por el pleno del Congreso Local.
El diputado Jesús Elizondo Salazar de Morena destaco la iniciativa avalada en donde se añadirá un apartado al Artículo 271 Bis 5 de delitos contra la intimidad personal que castigará específicamente cuando se coaccione, intimide, manipule o ejerza chantaje previo a la consumación del delito.
La propuesta busca fortalecer las disposiciones penales contra esta práctica, que afecta a miles de menores.
Por ejemplo, a quien realice acciones contra la intimidad personal, revelando, difundiendo, distribuyendo, publicando, o exhibiendo mediante correo, mensajes, redes sociales, imágenes, audios, videos eróticos, sexual, pornográfico, o alterando imágenes.
De acuerdo con la propuesta, se contempla sancionar a quien practique este tipo de acciones con 4 y medio a 9 años de prisión.
“Se atiende los objetivos que persiguen los promoventes de las iniciativas dictaminadas. Se realiza una depuración de los elementos subjetivos de las propuestas, se atiende lo que la FGJNL señaló que podría transgredir principios constitucionales, se descarta aquello que ya se contempla en otros tipos penales”.
“El resulta es una propuesta que escucha las voces de las distintas bancadas, las diferentes propuestas de los grupos legislativos, la opinión de la misma FGJNL y realizando una ponderación técnica sobre la mejor manera de regular situaciones en las que Niñas, Niñas y Adolescentes se ven bajo amenaza de otras personas que las coacciones o manipulan para obtener contenido íntimo suyo”, argumentó.
Durante los trabajos de la comisión se aprobaron cambios al artículo 445 del Código Penal referente a la crueldad animal en donde se castigará con seis meses a tres años a quienes maltraten animales domésticos.
Pero en caso de que el animal o la mascota pierda la vida la sanción incrementaría de cuatro años de cárcel y una multa de hasta 500 cuotas, equivalentes a más de 58 mil pesos.
En cuanto al delito de despojo, se propone que sea considerado como de interés público, para que los juzgados federales no otorguen amparos, que después dilatan los procesos judiciales.
“Lo anterior desde una óptica en la que se consideran las altas tasas de incidencia de este delito están causando colectivamente un daño sistematizado a todas y todos los ciudadanos”, indicó.
