Por: Jorge Maldonado Díaz
Nuevo León.- Ante el nuevo juicio político que abrió la Comisión Anticorrupción, diputados del Congreso Local señalaron que al iniciar con este nuevo procedimiento en contra el Gobernador Samuel García procedería el desafuero y la destitución.
Sin embargo, Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN advirtió que serán otras las autoridades las encargadas de establecer el tipo de sanción que recibirá el mandatario estatal.
“Hoy simplemente se inicia un juicio político nuevo, porque luego los ciudadanos no les damos la información requerida puntualmente, se han iniciado varios juicios políticos en contra del Gobernador”.
“Hay que recordar que la Sala Superior Electoral ya determinó que Samuel es un delincuente electoral y que nosotros debemos poner una sanción que la Corte ya determinó, que Samuel ya violó la Constitución de Nuevo León al no publicar leyes y decretos en el Periódico Oficial y este es un nuevo juicio político que se hace a petición en carácter de ciudadano de la dirigente estatal de Morena que hoy simplemente vamos a iniciar”.
“La presidenta de la comisión tiene ya la solicitud podemos ver qué es procedente a una destitución, ya dependerá de las autoridades correspondientes la solución, no es el Congreso”, indicó.
El líder de los legisladores del PAN aseveró que en este juicio político comenzarán de cero y que en uno o dos meses ya tendrán un resultado.
“Vamos a esperar ahora la contestación del Gobernador del Estado para el 23 de junio sobre la persona que será su representante jurídico ante éste nuevo juicio dictaminado por la Comisión Anticorrupción del Poder Legislativo”, aseveró.
La diputada Armida Serrato Flores, dijo que las denuncias presentadas por Morena en este nuevo juicio político son graves.
“Estamos en junio yo diría que en dos, máximo tres meses estaríamos hablando de una aprobación definitiva en el pleno que se iría obviamente al Tribunal Superior de Justicia”.
“La responsabilidad de este Congreso es aprobar el desafuero del Gobernador para poder ponerlo a consideración del Tribunal Superior de Justicia y en este caso sería el Tribunal Superior de Justicia el que finque la resolución definitiva”.
“Una ves desaforado que es lo que nos corresponde como Congreso, seria la autoridad jurisdiccional la que determina cual sería la sanción, y como lo decía Movimiento Ciudadano, esto es una sanción administrativa, pero recordemos que la sanción administrativa de acuerdo con la Ley de Responsabilidades va desde la amonestación hasta la inhabilitación, es una sanción administrativa grave, no es de que no lo vuelvas hacer”, puntualizó.
