Con 332 votos a favor y 119 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que implica la desaparición de siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En su lugar, se propone la creación de una nueva autoridad en materia de libre competencia y regulación económica.
La iniciativa, impulsada por Morena y sus aliados, fue presentada con una reserva clave para el artículo 28 constitucional por Alfonso Ramírez Cuéllar, quien destacó que el nuevo organismo se encargará de prevenir, investigar y combatir los monopolios, además de regular de manera asimétrica a los participantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Ramírez Cuéllar subrayó que esta reconfiguración está diseñada para cumplir con los lineamientos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y fortalecer la capacidad sancionadora de las instituciones.
«Es un organismo que garantizará la competencia económica en el país, reduciendo tiempos de investigación y aumentando la eficiencia en la imposición de sanciones con respaldo del Poder Judicial», aseguró el legislador.
La reforma también incluye cambios al artículo 27 constitucional, en los que se precisa que el litio y los servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica serán reservados al Estado, sin concesiones a particulares.
Además de la desaparición de Cofece e IFT, la iniciativa plantea la extinción de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El proyecto, que reforma y adiciona 14 artículos de la Constitución, fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. De ser aprobado, marcará un cambio significativo en el diseño institucional del país, centralizando funciones y redefiniendo las reglas de competencia económica y acceso a la información.
Mientras que los legisladores de Morena y sus aliados defendieron la medida como un paso hacia la eficiencia administrativa, la oposición calificó la reforma como un retroceso en materia de autonomía y transparencia. El debate continuará en el Senado, donde el futuro de estos organismos será decidido.
