Por: Jorge Maldonado Díaz
Para erradicar prácticas como la extorsión, los «moches» y los abusos de poder que sufren diariamente algunos ciudadanos, la bancada Independiente en el Congreso Local presentó una iniciativa de reforma integral para fortalecer el uso obligatorio de cámaras corporales en todos los elementos de policía, agentes de tránsito e inspectores municipales.
La diputada Rocío Montalvo Adame, dijo que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 7 de cada 10 ciudadanos perciben a la policía y a los agentes de tránsito como instituciones corruptas, mientras que municipios como Monterrey registran un 70% de percepción de inseguridad.
Ante este escenario, la propuesta busca estandarizar y regular con mayor precisión las herramientas de grabación portátil, convirtiéndolas en un equipamiento tan esencial como el uniforme o el arma de cargo, eliminando cualquier tipo de discrecionalidad.
“Las interacciones de los ciudadanos con la autoridad deben ocurrir con total transparencia, no puede haber opacidad. En Juárez y en el área metropolitana, las familias se quejan de extorsión en los operativos como las ‘antialcohólicas’ o de la ‘mordida’ disfrazada de inspección en los comercios por parte de las dependencias municipales”.
“Las cámaras corporales ya son obligatorias en nuestra ley, ahora busco establecer regulaciones más estrictas como que deben ser encendidas desde el primer minuto de cualquier operativo o detención y que también los inspectores municipales las usen”.
“Estas disposiciones no pueden ser una opción, deben ser una obligación legal sancionable para proteger tanto los derechos de la ciudadanía como también la labor de los buenos elementos», afirmó.
La nueva propuesta para el uso obligatorio de las cámaras corporales busca modificar tres leyes estatales como la Ley de Seguridad Pública del Estado para integrar las cámaras de solapa al Sistema de Video Vigilancia (conectado a los C4 y C5).
La Ley de Gobierno Municipal para que las Contralorías auditen de manera aleatoria los videos y se obligue a que las grabaciones sean prueba técnica indispensable en expedientes de inspección, desarrollo urbano, comercio o tránsito y la Ley de Responsabilidades Administrativas, en donde se tipificara como falta grave.
Montalvo Adame enfatizó que no encender la cámara corporal de forma injustificada será considerado una falta administrativa inmediata.
Asimismo, una vez dictaminada y aprobada en su caso, la iniciativa establece un plazo de 180 días para que el Ejecutivo y los municipios adecuen sus reglamentos, garanticen partidas presupuestales para la adquisición de los equipos y capaciten a las corporaciones en materia de derechos humanos y cadena de custodia de la evidencia digital.
