Por: Jorge Maldonado Díaz

Con el objetivo de quitarle la patria potestad a los culpables de feminicidio, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local presentó una iniciativa de reforma al Código Civil de Nuevo León.

La propuesta que fue entregada en la Oficialía de Partes propone reformar los artículos 444 y 447 del Código Civil del Estado de Nuevo León.

En esta se expone que la patria potestad se pierde o suspende por sentencia judicial cuando el titular de la custodia sea condenado por delito de feminicidio en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes”.

Así como por auto de vinculación a proceso dictado por delito de feminicidio o su tentativa en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a patria potestad, es decir, que se le suspenda la patria potestad al presunto feminicida y que la pierda en caso de ser condenado por el delito de feminicidio.

La diputada Daniela Puente Montemayor dijo que esta iniciativa está inspirada en la “Ley Monzón” del Congreso de Puebla, la cual fue aprobada tras el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, quien tuvo un hijo con el presunto autor intelectual de su propio crimen.

Tras meses de litigio y una gran exposición en redes sociales, la familia Monzón pudo quedarse la custodia del menor, quien se fue a vivir a España, a pesar de los esfuerzos del agresor por quedarse con el niño.

Para la legisladora del partido naranja, una de las previsiones que deben integrarse como consecuencia de estos hechos tan lamentables es el privilegiar el interés superior de las infancias y contemplar lo relativo a la patria potestad de quienes han quedado en situación de orfandad por feminicidio.

Y es que de acuerdo al INEGI, en el año 2019 Nuevo León fue el tercer estado con mayor número de presuntas víctimas de feminicidio.

La mencionada ‘Ley Monzón’ ya ha sido aprobada en las entidades de Puebla, Sinaloa y Estado de México, y prioriza a los niños, niñas y adolescentes ante un evento traumático como lo es la muerte de su madre, por lo que resulta necesario reformar y adecuar nuestra legislación en pro del interés superior del menor”, subrayó Puente.