Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de que la Tesorería del Estado pague intereses por la retención de recursos a los municipios, la bancada del PAN en el Congreso Local presento una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León.
Carlos de la Fuente, líder de la fracción panista dijo que la reforma es una homologación con la norma federal con la que pretenden que los ayuntamientos reciban en tiempo y forma las aportaciones federales y estatales.
“Ya presentamos una iniciativa al Código Fiscal del Estado para sancionar, de acuerdo con las participaciones y obligaciones estatales para con los municipios, tal como se establece en la noma federal”, expresó.
“La reforma es para que, si los recursos no llegan en tiempo y forma a los municipios, que se les pague un interés, y si esto es recurrente y es con alevosía, que tenga una sanción el propio Tesorero”.
De acuerdo con la ley se propone establecer como fecha máxima el día 30 de cada mes como límite para que se ministren los recursos por parte del Estado a los Municipios.
“Presentamos la iniciativa porque nos enteramos que no les habían entregado los recursos a los compañeros de los municipios, es para que se sancione conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas a quienes participen en esto, pero principalmente al Tesorero del Estado, porque es un tema delicada la retención de recursos, vemos un uso faccioso hasta de la propia Tesorería”.
“Se establece que en caso de que estos no sean entregados el Municipio tendrá derecho a recibir una tasa de recargo establecida en el Código Fiscal del Estado para los pagos a plazos y que el funcionario que de forma injusticia retrase la ministración de los fondos se hará acreedor a una sanción administrativa”.
“Además de representar una causa de responsabilidad administrativa del funcionario que en forma injustificada retrase la entrega de dichos recursos”.
“En caso de que el retraso sea mayor a 15 días el Tesorero del Estado será también acreedor de responsabilidad administrativa grave en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León”, sentencia la reforma.
