Por: Jorge Maldonado Díaz
Monterrey, N.L.- Con el fin de saber cuántos menores de edad han quedado en la orfandad por feminicidio u homicidio, la bancada del PRI en el Congreso Local presentó una iniciativa de reforma para crear el Registro Estatal de Víctimas.
El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa señalo que era necesario esto con el único objetivo de dar seguimiento a las necesidades básicas de su desarrollo.
Señaló que actualmente Nuevo León carece de un registro y de estadísticas de cuantos menores están en esta situación.
Por lo que consideró urgente saber cuántos menores de edad han quedado en la orfandad por estos motivos.
Por tal motivo ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado presentó la iniciativa de reforma que contempla añadir el artículo 78 Bis a la Ley de Víctimas.
“En su correcta dimensión, nadie sabe quiénes son esos menores, dónde están, quién los atiende, cómo viven la ausencia, quién los mantiene; hasta la fecha no existe un registro público, ni una política federal de atención sistemática para garantizar su bienestar, lo más preocupante que resalta es que no se sabe si reciben atención, si van a la escuela, si tienen acceso a una correcta alimentación, y su acceso a los servicios de salud”.
“Es por eso que propongo que se establezca en la Ley de Víctimas del Estado la obligación de crear un Registro Especial de Víctimas indirectas de feminicidio, en el que se inscribirán a los menores de edad que hayan quedado en estado de orfandad, como consecuencia de la comisión del delito de homicidio o feminicidio”, indicó.
Según datos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en nuestro país solo se reconocen como víctimas a 238 niñas y niños.
“Los menores quedan usualmente al cuidado de los abuelos, que deben sobrellevar, solos, el duelo y la crianza en una edad avanzada y, muchas veces, en un contexto de extrema pobreza”.
“Nos queda claro que las víctimas del feminicidio y también del homicidio están en el desamparo y es urgente que sean atendidas de una manera integral en la que se brinde seguimiento oportuno de los casos y sean protegidos todos sus derechos”.
“Los beneficios de esta iniciativa, son el visibilizar a las víctimas indirectas menores edad, tanto del homicidio como del feminicidio, y garantizarles su desarrollo integral, ya que, hasta este momento, han pasado desapercibidas y son quienes sufren mayormente los estragos de este tipo de conductas”, manifestó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas para su estudio y dictamen.
