Por: Jorge Maldonado Díaz
Ante el incremento de casos de delitos cibernéticos, la bancada de Morena en el Congreso Local presentó una iniciativa para crear la Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos de Nuevo León.
El diputado Waldo Fernández González dijo que era necesario modificar la ley para que exista una dependencia exclusivamente para que prevenga, investigue y persiga dicho crímen.
“En Nuevo León, la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, menciona que tan sólo el año pasado, recibieron 8 mil denuncias por este delito que va desde la extorsión, robo de datos personales, hasta el acoso”.
“El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado se vio afectado al detectar un intento de hackeo en su servidor, poniendo en riesgo la información de miles de documentos oficiales y de gran relevancia para losciudadanos de nuestro estado”, argumento.
Por eso, dijo, ante nuevas amenazas, es urgente proteger a los ciudadanos y las instituciones.
Según la Organización de las Naciones Unidas, el delito cibernético es uno de los de más rápido crecimiento y actualmente afecta a más de 431 millones de víctimas adultas en el mundo.
“A lo largo de los últimos años, la tecnología ha jugado un papel muy importante para el desarrollo de las sociedades, así como para la productividad de las mismas”.
“Sin embargo, el uso de las tecnologías también implica riesgos, una de las mayores desventajas de los sitios web a los que todos tenemos acceso, es al robo de la información personal o ubicación de los usuarios, lo cual vulneran la seguridad de los mismos”.
“Con unos dos mil millones de usuarios de todo el mundo, el ciber espacio es el lugar ideal para los delincuentes, ya que pueden permanecer en el anonimato y tener acceso a todo tipo de información personal que inconscientemente guardamos en línea”, revelo.
Fernández González señalo que en la actualidad la amenaza a la seguridad del internet se ha disparado en forma espectacular en los últimos años.
El legislador aseveró es a través de esta actividad en que se llevan a cabo delitos como extorción, amenazas, difamación, fraude, usurpación de funciones, tráfico de menores, corrupción de menores, pornografía infantil, trata de personas, pederastia, sexting, acoso y grooming.
