Por: Jorge Maldonado Díaz

Para que prevalezca el criterio apartidista en la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la bancada de Movimiento Ciudadano presentará una iniciativa para modificar la Constitución Local.

Eduardo Gaona Domínguez, coordinador de la fracción señalo que es una modificación al Artículo 159.

En la propuesta se promueve que el Ejecutivo en turno, al igual que el Congreso del Estado, pueda ratificar al Fiscal General una vez concluido su periodo por cuatro años.

Es decir, en los casos en que exista la ausencia definitiva o en la aceptación de la renuncia del Fiscal General, así como a 90 días previos de que finalice su periodo sin la ratificación del Gobernador en turno.

Asimismo, con la reforma al Artículo 159, se añade que el Fiscal General de Justicia será nombrado por el término de cuatro años, y podrá ser ratificado por un periodo adicional a propuesta del titular del Poder Ejecutivo.

Actualmente estamos viviendo una crisis de gobernabilidad por los conflictos políticos causados por los partidos políticos, principalmente desde el Congreso del Estado”.

“Para la ciudadanía no es desconocido que tanto los procesos de elección del Fiscal General, la Auditoría Superior del Estado, y recientemente el de Fiscal Anticorrupción y de los Delitos Electorales, se ha visto entorpecidos por causa de intereses partidistas que se niegan a dejar espacios a nuevos perfiles con capacidad técnica y autónoma”.

“Tenemos la urgencia de enderezar el rumbo político de nuestro estado y establecer de manera contundente mecanismos transparentes y democráticos para la elección de puestos tan importantes”, enfatizó.

El Coordinador de la Bancada Naranja reiteró que, de cara a un proceso electoral, se busca dar certidumbre jurídica para futuros procesos democráticos, a fin de evitar que Nuevo León caiga en una nueva crisis política a causa del Congreso del Estado.

Es por eso que con la propuesta se promueve establecer una mejor dinámica de pesos y contrapesos, fomentando principalmente la coordinación entre los Poderes para la designación de cargos tan relevantes.