Por Alma De la Rosa Flores
Luego de que su asesor en Sistema Penitenciario, Eduardo Guerrero Durán es uno de los 10 presuntos implicados en el caso del “facturero”, Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón avaló su trabajo en Nuevo León.
Aunque advirtió que son señalamientos difíciles, El Bronco se negó a opinar sobre el presunto lavado de dinero por el que es investigado Guerrero Durán, pues advirtió que en Nuevo León con su trabajo se logró tener el control de los penales.
“Para mí es una persona que merece mi respeto, que nosotros lo contratamos y que a nos dio resultado, Nuevo León está tranquilo gracias a que él tomó control, que nos ayudó a resolver el problema del Sistema Penitenciario”, dijo.
“Son cuestionamientos muy difíciles, y yo opino sobre cuestionamientos, nunca he opinado cuestionamientos, ni opinare, cuando alguien me diga que hay un delito, que cometió un delito tampoco opinaré, porque no lo cometió conmigo”, expresó.
De acuerdo a información difundida a nivel nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) giró orden de aprehensión en contra de Guerrero Durán junto con otros 9 presuntos implicados en delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En noviembre de 2018 el también ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) fue contratado por Rodríguez Calderón como asesor y fue el encargado de cerrar de forma “pacífica” el penal de Topo Chico.
Para reformar el sistema penitenciario de Nuevo León, la empresa Escoltas Especializadas de Seguridad Privada, S.A. de C.V. firmó un contrato superior a los 150 millones de pesos, de los cuales 50 millones pesos fueron parte del pago a Guerrero Durán por la prestación de sus servicios profesionales.
