Por: Jorge Maldonado Díaz
En medio de la polémica, el pleno del Congreso Local aprobó por mayoría reformas a la Ley de Seguridad Publica y a la Ley Orgánica de la Fiscalía en materia de indemnizaciones a policías y ministeriales.
Con estas modificaciones se establece que ahora que en caso de que algún elemento sea despedido y en caso de irse a un juicio lo gane ya no sea reinstalado como anteriormente se hacía.
Con las nuevas disposiciones, el estado o los municipios estarán obligados ahora solamente a pagarles una indemnización equivalente a 3 meses de su sueldo base y el proporcional de hasta un máximo de 12 meses de sus prestaciones, pero no estarán obligados a recontratar a los elementos policiacos.
Las reformas aprobadas al Artículo 198 Bis 30 de la Ley de Seguridad Pública y al 81 de la Ley Orgánica de la Fiscalía.
Al momento de entrar en debate, el diputado de Morena Waldo Fernández se inconformo con estas nuevas disposiciones al argumentar que era un atentando en contra de los cuerpos policiacos del estado.
Al explicar los motivos, dijo que con esta ley se les estaba tratando a los uniformados y agentes investigadores como unos ciudadanos de segunda.
Señalo en tribuna que esto era una violación a los derechos laborales de los policías y le pedía al Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda vetar la ley, Fernández dijo que el argumento para esos ajustes es homologar esas dos leyes con lo estipulado en la fracción 13 del Artículo 123 de la Constitución federal, pero que ésta transgrede los derechos humanos y está por eliminarse.
“Todas las personas tenemos los mismos derechos y no por el hecho de ser elemento de seguridad pública, deben tener menores derechos laborales”.
“No hay ciudadanos de primera y de segunda, todos somos iguales, entonces el hacer una distinción de esta magnitud y negarles el derecho a ser reinstalados, en medio de una crisis de inseguridad, es afirmar que los integrantes de los cuerpos de seguridad no merecen los mismos derechos que los demás”.
Dijo que con ello, un elemento con más de 10 o 15 años de servicio solo podría recibir una indemnización mínima y no la que le correspondería por derecho, además que se les entraba entregando en bandeja de plata a la delincuencia organizada.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Javier Caballero, defendió los términos del dictamen ya que los elementos podrán ser contratados por otros municipios ya que no serán boletinados.
